Expertos advierten que este mecanismo sigue criterios discrecionales y carece de protocolos especializados para la búsqueda de menores.

Cuando un menor de edad desaparece en la Ciudad de México, existe un mecanismo para ayudar a encontrarlo: la Alerta AMBER. Sin embargo, especialistas cuestionan su efectividad pues consideran que tiene fallas, como que se rige por criterios ambiguos y discrecionales y no cuenta con suficiente apoyo institucional.

La herramienta nació en 1996 e incluye búsqueda policiaca y la transmisión de los datos del niño, la niña o el adolescente a través de medios masivos de comunicación, para que más personas puedan ubicarlo y dar información para localizarlo, sea que esté ausente por extravío, privación ilegal de la libertad u otra causa.

Sus siglas significan America’s Missing: Broadcasting Emergency Response y coinciden con el nombre de Amber Hagerman, una niña secuestrada en Texas y encontrada muerta días después. En México es usada para casos nacionales y también en algunas entidades de la República.

El responsable de coordinarla en la capital es José Antonio Ferrer, también director del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) de la procuraduría local, quien sostiene que la alerta se ha activado 140 veces desde 2012 y, de ellas, en 133 se ha encontrado al menor.

No obstante, expertos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y de la organización civil La Alameda coinciden en que esas cifras no reflejan la verdadera efectividad del mecanismo.

Principalmente, fundamentan sus críticas en que la activación de la alerta está condicionada a que la ausencia del menor implique un riesgo inminente para su integridad física o su vida, y en que esta valoración se vuelve ambigua y discrecional porque depende de la autoridad policiaca.

El protocolo de la procuraduría capitalina establece que un menor corre riesgo si no sabe volver a casa o si, por su edad, ignorancia o alguna enfermedad, puede morir en la calle. Sin embargo, la alerta no se activa si se presume que el menor es víctima de secuestro, trata u otro delito porque —según la autoridad— hacerlo lo haría más vulnerable frente a sus victimarios.

En esos casos, las instituciones siguen otro método de actuación. Así ha ocurrido cuatro veces desde 2013 a la fecha, cuando se ha decidido desactivar alertas.

“[Pero esto] es ambiguo y discrecional porque depende de la valoración de quien haya recibido la denuncia. Hay un protocolo interno que no sabemos cómo se maneja […] Este ejercicio de ‘vamos a valorar si está en riesgo’ va en contra de los propios derechos de niños y niñas”, dice Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim.

“Lo hacen a ojo de buen cubero, sin conocer el caso a fondo”, agrega un vocero de La Alameda, quien pidió el anonimato.

“Se fue con el novio”

Según los expertos, otro factor que influye en la decisión de no activar una alerta son los prejuicios de quienes reciben un caso.

“Si la adolescente tenía uñas pintadas, pelo pintado, tenía novio o ya tenía antecedentes de haber faltado a la casa, lo consideran no grave. Es muy frecuente que a las madres de adolescentes les digan que volverá pronto porque está con el novio”, dice Pérez García.

Cuestionado sobre esto, Ferrer rechaza que haya discriminación en el desempeño de la autoridad, pero reconoce que no todos los casos de adolescentes son considerados de riesgo ni, por lo tanto, merecedores de que se active una alerta.

“Si hablamos de una menor, aunque sea ausencia voluntaria, pero el novio es mayor de edad y la pone en riesgo, de inmediato la activamos. En otros casos, donde no es posible activarla, porque no cumple con los requisitos del protocolo, seguimos investigando. Aquí no prejuzgamos y nuestra obligación es buscar y localizar”, afirma.

Mayor participación

María Elena Solís, de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, advierte también que hay pocas instituciones involucradas en el mecanismo. La activista recomienda que participen policías preventivos, no sólo judiciales, como en EU.

En su opinión, esto permitiría ampliar las áreas de búsqueda, debido a que los agentes podrían usar sus patrullas para hacer un rastreo concéntrico desde el punto de la desaparición. Sin embargo, especialistas como Pérez García consideran que esta vía puede ser contraproducente, puesto que hay localidades donde las policías están cooptadas por la delincuencia.

Fuera de esto, otra exigencia en la que coinciden los expertos es el diseño de un protocolo especializado de búsqueda de menores, porque quienes actualmente los rastrean son los mismos policías judiciales que buscan adultos, pese a que estos grupos tienen conductas diferentes.

Además, Solís advierte que no hay una participación eficiente de los medios de comunicación, cuando en estos casos “la celeridad es lo que importa”. “Ahí está el problema: no es obligatorio para los medios transmitir el mensaje de emergencia y, dependiendo del momento, llegan a transmitirlo en vivo o sólo en internet. La mayoría sólo cumple con la formalidad, no hay compromiso serio”, agrega Pérez García.

En cifras

• 224 menores fueron reportados como desaparecidos en la ciudad de 2007 a 2015, según Gobernación.
• 40% de las personas desaparecidas en México entre 2006 y 2014 tenía menos de 17 años, según la Redim.
• 95% de los casos en los que se activa la alerta es por ausencia voluntaria, según la PGJ.