La falta de regulación para este negocio en crecimiento pone a los inversionistas en la incertidumbre legal y fomenta la corrupción.
Desde hace tres semanas, Miriam Vargas maneja un food truck en el que vende ensaladas. Se instaló en la colonia Florida, en la Benito Juárez, con su concepto de comida saludable: Fresh Garden Salads. Sin embargo, cuando apenas estaba en su segundo día, vivió un trago amargo cuando cinco patrullas rodearon el camión y policías le exigieron dinero a cambio de no llevárselo al corralón.
Su caso es un ejemplo de lo que viven en la capital quienes se aventuran en este negocio, que desde hace cuatro o cinco años comenzó a extenderse por el DF sin que hasta ahora haya ley en la materia, como tampoco la hay a nivel nacional.
Esa ausencia de regulación, coinciden emprendedores y diputados locales, deja vulnerables a los inversionistas y abre la puerta a la corrupción, pues muchos optan por pagar los sobornos que se les exigen para poder instalarse.
Milli Argueta y su familia llevan cinco meses con Balls & Sauces. Invirtieron 400 mil pesos para armar su food truck que vende albóndigas en salsas mexicanas, pero sólo han asistido a foros privados porque temen que si tratan de vender en la calle su patrimonio termine en el corralón.
“La naturaleza de un food truck es ser itinerante, pero aquí no podemos hacerlo. No han querido aprobar la ley y nos da temor perder todo”, dice ella.
La situación se repite con Rubén Safadi, de La Cevichería. “Somos emprendedores jóvenes que queremos trabajar y dar trabajo, no estar pagando ‘mordidas’ para evitar caer en el corralón, el camión es nuestra fuente de empleo y sin regulación no tenemos forma de defenderlo”, señala.
En el país, según la Asociación Mexicana de Food Trucks, hay unos 400 vehículos de este tipo. De ellos, 70% está en el DF, principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Coyoacán.
Los analistas de mercados incluso prevén un mayor crecimiento. Mayte Escamilla, de la consultora De la Riva Group, estima que el número de camiones en el DF sube 20% al año.
Respuestas al antojo
El mejor escenario para alguien que invierte en un food truck es conseguir un permiso de palabra por parte de la delegación. Quien lo logra en ocasiones recibe una contraseña para poder trabajar. Sin embargo, a cambio debe estar dispuesto a acudir —sin paga— a los actos a los que convoque la jefatura delegacional.
Ernesto Iturbide dice que, en la situación actual, una clave para tener éxito en el negocio es saber entablar arreglos con la autoridad. Cuando lanzó su food truck, Taqueando Gourmet, encontró que las delegaciones más accesibles son Benito Juárez y Cuauhtémoc, donde obtuvo acuerdos similares a los que consiguen los vendedores ambulantes: poder instalarse en un horario determinado, sin pagar ‘mordidas’, siempre que no afectara la vialidad.
Sin embargo, desde hace dos meses no ha podido vender porque cambiaron las administraciones delegacionales y las nuevas autoridades no han dado permisos.
Hoy que no existe una ley en la materia, una norma en la que se amparan los funcionarios para detener un food truck —sea para exigir dinero a su dueño o para no dejarlo trabajar— es la Ley de Cultura Cívica. Ésta contempla multas de mil 472 pesos a dos mil 103 pesos por colocar vehículos en la acera o elementos para vender productos o prestar servicios sin tener autorización para ello.
Además, la SSPDF cobra por retirar estos camiones con grúa. Los costos van de 615 pesos a mil 229 pesos, más 64.5 pesos por cada día que esté en el corralón, aunque algunos foodtruckeros acusan que les han querido cobrar hasta 65 mil pesos.
‘Atragantados’ con la ley
En la pasada Legislatura, la Asamblea Legislativa del DF discutió dos propuestas para regular los food trucks, aunque ninguna se aprobó. Una era de Priscila Vera, del PAN, quien argumentó que este negocio es una opción innovadora de comida rápida, pero debe tener derechos y obligaciones específicas, como pagar impuestos.
Adrián Rubalcava, diputado en la actual Legislatura, en la que preside la Comisión de Administración Pública, dice que la ALDF está trabajando en una regulación para los food trucks, aunque asegura que se trata de un tema complejo.
Por un lado, dice el legislador del PRI —exdelegado de Cuajimalpa—, se trata de un negocio con rasgos del comercio ambulante y del establecido, cuyos líderes —algunos— los rechazan porque los tachan de competencia desleal. Por otro, agrega, lo anterior obliga a analizar con cuidado qué atribuciones tendría cada dependencia en una normatividad para la materia.
Y mientras esas reglas se definan, estos vehículos seguirán rodando sin reglas.
¿Futura ley?
Las propuestas de regulación que han llegado a la ALDF plantean puntos como estos:
- Obligar a que los dueños de un food truck paguen una cuota por el uso de vías y áreas públicas. Un planteamiento propone que dicho pago sea de dos mil 500 pesos cada tres meses.
- Dar a las 16 delegaciones capitalinas las facultades para emitir permisos por escrito para operar. En ellos se fijarían las rutas, las fechas y los horarios de funcionamiento del camión.
- Restringir los permisos de operación a tres delegaciones por vehículo y establecer que el permiso debería detallar los puntos de venta.
- Otro punto clave consiste en prohibir la instalación de food trucks en el centro de la Ciudad de México, así como en parques, jardines y espacios culturales.
Tendencia del mundo para México
Un food truck es un camión con una cocina móvil y un diseño estilizado, en el que se preparan alimentos poco comunes o incluso gourmet. La tendencia nació en EU, donde desde hace 15 años comenzaron a formarse asociaciones. Después, se extendió por Francia e Inglaterra y, en los últimos cinco años, en ciudades como el DF, Monterrey y Guadalajara. Según De la Riva Group, 19% de los mexicanos ha comido en un food truck y la tendencia irá al alza porque 55% de la gente come en la calle cuatro veces a la semana.
