Empieza el debate. Las 710 hectáreas de la terminal son de propiedad federal, pero la capital argumenta tener poder legal para decidir qué uso se les dará.
La discusión sobre qué pasará con los terrenos que actualmente ocupa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) está en marcha.
El lugar al nororiente de la capital consta de 710 hectáreas de propiedad federal. Es un área tan amplia como Ciudad Universitaria y de más del doble que el Perímetro A del Centro Histórico, que dejará de fungir como terminal aérea cuando la nueva sede —que estará en el municipio mexiquense de Texcoco— comience a funcionar en 2020.
Hace justo un año, el 7 de marzo de 2015, el gobierno capitalino llamó a las instituciones involucradas y a la ciudadanía a debatir qué uso debe darse a los terrenos. Desde entonces, diversos sectores han planteado propuestas como establecer ahí un bosque urbano, otro campus universitario, viviendas, oficinas o comercios, mientras el Ejecutivo federal no ha dado detalles sobre sus planes.
Tras lo anterior, las autoridades locales formalizaron su convocatoria a discutir el asunto, al presentar la semana pasada la primera entrega de su documento Para la opinión de la ciudad.
El texto fue elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) con apoyo del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. En él, el gobierno local expone las condiciones de la zona, señala sus principales problemas y argumenta que la capital tiene facultades legales para asumir un papel protagónico en las decisiones sobre el futuro de los terrenos.
Según el propio mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, esto último se debe a que, si bien esas hectáreas son de propiedad federal, corresponde a las instituciones locales decidir qué uso tendrán cuando dejen de alojar al AICM.
“El uso de suelo lo determina la Ciudad de México porque habrá un proceso jurídico en donde llegará al abandono del uso al que está destinado […] En el momento en que se termine ese uso, el ordenamiento jurídico establece que el uso de suelo y el plan de desarrollo urbanístico de la zona corresponden a la Ciudad de México, por eso habrá que trabajar de manera coordinada [con el Ejecutivo federal]”, dijo este 2 de marzo.
Sobre esta postura del gobierno capitalino, Máspormás solicitó entrevista con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pero no obtuvo respuesta antes del cierre de edición.
En proceso de sustitución
En septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto informó que el AICM será sustituido por una nueva terminal porque su capacidad está cerca de quedar rebasada. El anuncio se dio 13 años después de que, al inicio de su presidencia, Vicente Fox tratara de arrancar la construcción de un nuevo aeropuerto, pero se topara con la oposición de ejidatarios de San Salvador Atenco.
Según Peña Nieto, la construcción no será en tierras que deban ser expropiadas, sino en un predio federal, y se financiará con recursos públicos y privados.
Sobre este último punto, las autoridades capitalinas dicen temer que las dependencias federales traten de obtener dinero para la nueva obra explotando los terrenos de la actual terminal, por ejemplo, vendiéndolos a compañías constructoras. Hacerlo, advierte el titular de la Sedeco, Salomón Chertorivski, sería un “grave error”, porque equivaldría a “hacer un hoyo para tapar el siguiente”.
“Ambos proyectos [el uso futuro de los terrenos del AICM y la edificación del nuevo aeropuerto] son de una importancia tan grande que necesitan de su esquema de financiamiento propio, independiente, claro y transparente”, argumenta el funcionario en Para la opinión de la ciudad.
La prioridad del GCM
Ricardo Becerra, subsecretario de Desarrollo Económico y Sustentabilidad de la Sedeco, señala que la zona circundante al AICM tiene características particulares que necesitan ser atendidas.
En ella habitan casi 500 mil personas distribuidas en 39 colonias que padecen rezago social. Además, dice, es una región propensa a sufrir las épocas de sequía y de lluvias.
Hoy, estas condiciones climatológicas pueden enfrentarse gracias a que el AICM tiene infraestructura para ello. Sin embargo, cuando la terminal deje de operar, será necesario generar una gran obra que evite que los pobladores de esa parte de la capital sufran escasez de agua o inundaciones.
Frente a esas necesidades de la zona y al impacto que tiene el AICM en la ciudad, sostiene Becerra, el gobierno capitalino decidió lanzar este mes su primer llamado formal a debatir, para evitar que el tema quede opacado por las campañas electorales y los comicios de junio próximo.
Las autoridades de la capital prevén emitir otro exhorto en julio, ya pasadas las contiendas, para que el futuro de los terrenos empiece a decidirse.
¿Qué hacer con el espacio?
Distintos sectores han hecho propuestas sobre qué hacer con el terreno del AICM:
- El delegado de la Venustiano Carranza, Israel Moreno, propuso que el lugar sea utilizado para albergar un nuevo campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- La revista de arquitectura Arquine llamó a un concurso para reunir propuestas. La ganadora plantea crear una zona con áreas verdes, un parque eólico, espejos de agua, viviendas y comercios.
- El segundo lugar del certamen fue para una propuesta que consiste en establecer un lago en la mayor parte del terreno, con vivienda, edificios de oficinas y comercios alrededor.
- El planteamiento que quedó en el tercer puesto propone dejar un amplio espacio vacío al centro y permitir en los alrededores la construcción de edificaciones con diferentes usos.
- En su estudio, el gobierno capitalino señala que, cualquiera que sea el uso de la zona, debe crearse infraestructura hidráulica suficiente para encarar las épocas de sequía y de lluvias.
Lo que sabemos del nuevo aeropuerto
La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) fue anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto durante su segundo informe de gobierno, en septiembre de 2014. El gobierno federal explicó entonces que la nueva terminal estará en Texcoco, Estado de México, al oriente de la actual sede. Se prevé que cueste 169 mil millones de pesos —de recursos públicos y privados—, que entre en operación en 2020 y que atienda a 120 millones de pasajeros al año.
