Hace dos meses comenzó la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el DF, que no opera de forma efectiva, pronta y expedita.
El sistema de justicia penal acusatorio y oral en el DF va lento y reproduciendo las fallas del sistema de justicia tradicional. A más de dos meses de que comenzó su implementación, aún no se crean instancias clave para garantizar que su aplicación será efectiva.
“En algunas instituciones todavía no tienen las condiciones mínimas para que tengamos los beneficios que debemos tener con este nuevo sistema”, dice María Novoa, investigadora del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC). Por ejemplo, no existe la Unidad de Seguimiento de Acuerdos Reparatorios.
Para que el nuevo sistema funcione en forma cabal —resalta Novoa— se requiere que, por lo menos, cuatro instituciones (la Procuraduría, el Poder Judicial, la Defensoría Pública y la Policía) tengan las mismas capacidades y condiciones, que sus integrantes realmente conozcan el nuevo sistema y tengan el perfil adecuado, porque es un sistema que implica mucha coordinación institucional.
“Lo que hemos visto en el DF es que todavía hay instituciones que están en desigualdad de condiciones, por ejemplo, la defensoría pública y la policía, en donde no se han dado cambios profundos”, explica Novoa. Por ejemplo, no existen suficientes defensores de oficio y los policías no han tenido la capacitación necesaria para cumplir con el nuevo sistema.
AVANCE LENTO
El Distrito Federal, como el resto de los estados del país, debió comenzar la transformación del sistema de justicia en 2008, cuando se publicó la reforma constitucional que estableció un nuevo sistema penal acusatorio y oral para el país. El plazo para tener el nuevo sistema funcionando en su totalidad vence en 2016.
El 16 de enero pasado, cuando el Distrito Federal comenzó la implementación de la primera etapa del nuevo sistema; según el ranking estatal de condiciones para la implementación de la Reforma Penal, disponible en la página “Proyecto Justicia” de CIDAC, el Distrito Federal ni siquiera está a la mitad del proceso para la transformación total de su sistema, de hecho, ocupa el penúltimo lugar -el último lugar lo ocupa Baja California Sur-.
El Distrito Federal, como todas las entidades, ha recibido recursos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), dependencia de la Secretaría de Gobernación. Entre 2013 y 2014, por ejemplo, se le otorgaron poco más de 66 millones de pesos y en 2015 recibirá con 43 más para transformar el sistema de justicia.
El nuevo sistema, resalta María Novoa, de CIDAC, implica transformaciones estructurales en nuestras instituciones. Y eso, aún no sucede.
MÁS ALLÁ DE UN JUICIO ORAL
El nuevo sistema de justicia contempla varias etapas. La primera tiene que ver con la detención.
Carlos De la Rosa, investigador de CIDAC, explica que el mal trabajo de un policía —sobre todo durante la detención y la custodia de la evidencia— “puede echar abajo todo”, ya que si se demuestra que se violaron los derechos humanos del detenido, se cancela el proceso.
El abogado especialista en la aplicación de la Reforma Penal en México, Gabriel Regino, asegura que el ciudadano “es el que va a resentir las fallas con la mala capacitación que se pueda presentar en los operadores”.
En las primeras audiencias, llamadas de control, explica María Novoa, es donde más se ha visto que existen diferencias entre las capacidades de los involucrados en el proceso: “Los Ministerios Públicos tienen grandes deficiencias, no tienen el perfil que se requiere”.
En la primera etapa del proceso es donde también se puede dar un acuerdo entre las partes, para reparar el daño. “Esta es una de las cosas más innovadoras del nuevo sistema”, resalta Carlos de la Rosa. Sin embargo, CIDAC ha documentado que aún no se ha creado la Unidad de Seguimiento de Acuerdos Reparatorios, instancia encargada de verificar que se realicen en forma adecuada los convenios entre las partes.
En la segunda parte del proceso, el juez debe plantear un plazo para que se presente una investigación complementaria a la del Ministerio Público; en esta etapa, el juez puede imponer medidas cautelares en libertad. Entre los objetivos de estas medidas es evitar la prisión preventiva.
Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), resalta que el gran problema de la implementación del nuevo sistema es que no se ha divulgado en forma eficaz en qué consiste; “no se ha capacitado a la población que va a ser víctima o victimaria”.
Es el caso de Lorena Mendicuti, una de las primeras personas que han conocido el funcionamiento del nuevo sistema de justicia en el DF. Su esposo, el ciclista Rafael Guerrero falleció al ser atropellado por una persona que presuntamente conducía alcoholizada. El inculpado lleva su proceso en libertad.
“La verdad no se me hace para nada eficiente (el sistema). Finalmente la persona cometió un homicidio y está en su casa”, dice Mendicuti.
En el Distrito Federal tampoco existe todavía una Unidad de Medidas Cautelares —como sí la hay en Morelos—, que pueda dar seguimiento al cumplimiento de estas medidas, las cuales, entre otras cosas, deben garantizar la presencia del inculpado durante todo el proceso.
La tercera etapa inicia cuando el juez hace una acusación formal; en la cuarta se realiza la audiencia oral. La quinta y última etapa es la ejecución de sanciones. En total, el proceso no puede durar más de un año.
Para Antonio López Ugalde, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la forma de implementación del nuevo sistema debe cuidarse para no dejar en la población la idea de que se alimenta la impunidad.
DATOS
3,283 funcionarios fueron capacitados por el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF, para ejercer el nuevo sistema de justicia.
10% del total de los funcionarios que fueron capacitados no acreditaron sus capacidades, por lo que no fueron integrados al nuevo sistema.
58% del total de los delitos que se denuncian en el Distrito Federal son tratados actualmente bajo el nuevo sistema penal acusatorio.
¿QUÉ LE TOCA HACER A CADA QUIÉN?
Policías: Tienen la obligación de prevenir, detener e investigar la comisión de delitos. Son los primeros en garantizar que se realice en forma adecuada la cadena de custodia de los objetos, huellas o vestigios encontrados en una escena del delito.
Ministerio público: Debe ejercer la conducción y el mando de investigación del delito.
Asesor jurídico: Tiene la obligación de guiar y asesorar jurídica, y gratuitamente a la víctima u ofendido durante el proceso.
Abogado defensor: Tiene la obligación de defender y representar jurídica y gratuitamente al imputado durante el proceso. Esta función también la puede hacer un abogado privado.
Juez de control: Es el juez que interviene desde el principio del procedimiento hasta antes que inicie el juicio oral. Es quien superviza el actuarl del Ministerio Público. Tiene que velar por los derechos de la víctima y del imputado.
Juez de juicio oral: Es quien conduce el juicio oral, escucha los argumentos, evalúa las pruebas y dicta sentencia.
Juez de ejecución de sanciones: Debe vigilar y controlar el cumplimieto de las sanciones penales.
++ Fuente: Proyecto Justicia-CIDAC.
CUESTIÓN DE TIEMPO
* En enero comenzó el nuevo sistema con los delitos culposos y los que se persiguen por querella.
* A mediados del 2015 el sistema se extenderá a los delitos graves.
* En junio del 2016 debe operar totalmente el sistema acusatorio y oral.
