Más de 120 mil ciudadanos han firmado la iniciativa, que busca castigar a funcionarios y empresas que cometan faltas.
En sólo mes y medio, los grupos civiles promotores de la Ley 3 de 3, como se conoce a la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, juntaron las 120 mil firmas de apoyo que necesitan para que el Congreso discuta y dictamine la propuesta.
Y eso se debió a que el proyecto se ha convertido “en un tema de esperanza” contra la corrupción en el país, afirma Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una de las decenas de organizaciones que empujan el documento.
En entrevista, Kaiser asegura que salir a la calle para pedir firmas de apoyo para una ley que señala por su nombre a la corrupción —y fija sanciones duras para quienes caigan en ella— “está empezando a ayudar a esperanzarse a los ciudadanos de que la corrupción no es el destino de México, en ningún lado está escrito que este es nuestro destino y, más bien, podemos construir un destino diferente”.
Entre los promotores de la ley hay académicos, empresarios, religiosos, abogados, universitarios, comerciantes y un amplio grupo de ONG, así como instituciones educativas como el CIDE, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La diversidad de quienes construyeron la iniciativa es una de sus principales virtudes, sostiene Kaiser, porque “no estamos entregando una ocurrencia”.
Por ello, cuando acudan ante el Congreso a entregar la propuesta, no aceptarán que los legisladores modifiquen su esencia o la mezclen con iniciativas de los partidos. En cambio, exigirán discutir en un “ejercicio de parlamento abierto”. Y si alguien se opone, que dé argumentos de frente a los ciudadanos, dice el experto.
“No queremos un Frankenstein. Estamos proponiendo una ley completa y queremos que dictaminen esta ley completa. No queremos el tradicional ‘ya los escuché, voy a tomar algunas cosas, voy a meter a la licuadora la de ustedes junto con las de todos los demás y a ver qué sale’. Esa práctica nos ha llevado a tener muy malas leyes”, insiste.
De aprobarse, esta ley sería uno de los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción establecido en la Constitución en 2015.
Buen momento para la CDMX
A nivel local, la discusión de la iniciativa cae en buen momento pues, como sería aplicable a todo el país, si es aprobada la Asamblea Constituyente de la ciudad debería incorporar sus puntos clave en la primera Constitución local.
Entre esas nuevas obligaciones que se busca imponer a los servidores públicos del país está que publiquen toda la información de sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, sin ocultar nada usando el argumento de la privacidad y la protección de datos personales.
Hasta ahora, los funcionarios sólo dan a conocer esos documentos si así lo desean. Por eso, aunque en la capital el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ordenó a todos sus colaboradores entregar una versión pública de su declaración de intereses, estos no incluyeron los nombres de empresas y organizaciones a las que pertenecen sus personas más cercanas. Y eso, dice Kaiser, no es ser transparentes.
A defenderla con todo
La Ley 3 de 3 tiene como principal diferencia de otras propuestas que señala claramente al menos 10 tipos de corrupción: soborno, desvío de recursos, abuso de funciones, colusión, conspiración para cometer actos de corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, obstrucción de la justicia, uso ilegal de información falsa o confidencial y nepotismo.
“Una cosa muy curiosa de la iniciativa del PRI es que no se atreven a decirle ‘actos de corrupción’ a las faltas administrativas”, reclama Kaiser.
La Ley 3 de 3, en cambio, implicaría también la creación de bases de datos para consultar la información de funcionarios y empresas, y saber quiénes están en la lista negra de la corrupción.
“Esto fija la base de algo que ni siquiera existe en México. Nosotros nos planteamos pensar desde cero un sistema nuevo y diferente. Tenemos claridad de que faltan dos cosas para que el servidor público pueda portarse bien. Uno, que le digas qué es lo que sí esperas de él. Y en nuestra ley vienen las directrices claras de conducta. ‘Lo que sí espero de ti es esto’. Y vienen 10 tipos de corrupción muy claros que dicen ‘Lo que no espero de ti es esto’. Eso es lo que hoy no tenemos en México. Y no sólo sirve como parámetro para los servidores públicos, sino sirve para que los ciudadanos puedan evaluarlos a ellos”, dice Kaiser.
Ahora, cuando la iniciativa está por llegar al Congreso, ya se asoman sus opositores. Por ejemplo, algunos políticos dicen que dar a conocer su patrimonio los hace “secuestrables”.
Ante esto, los promotores de la ley responden que exigirán atacar la inseguridad para que el tema no sirva de pretexto a opacos y corruptos. Y en caso de que los legisladores busquen atorar el proceso, tienen clara su estrategia.
“No vamos a permitir ni de broma un no, pero tampoco vamos a permitir que haya una manipulación de conceptos para llegar a una ley incompleta. Vamos a usar de todo: redes sociales, foros… vamos a estar dando la batalla de manera directa”, adelanta Kaiser.
Los ejes
La propuesta de Ley en esta materia tiene los siguientes puntos clave:
- Formar un nuevo servidor público. Para ello, busca establecer un código de cómo deben comportarse los funcionarios y hacer que sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses sean verificables.
- Eficacia ante la corrupción. En este punto, identifica 10 actos corruptos y señala una red de 90 autoridades para prevenir y castigar la corrupción, con pesos y contrapesos en los procesos de investigación y sanción.
- Sociedad corresponsable. La iniciativa indica que las empresas son corresponsables de combatir la corrupción.
- Cultura de la denuncia. Se plantea una plataforma de denuncia sencilla, protección a denunciantes y testigos, vigilancia mutua entre funcionarios e incentivos y recompensas.
- Sanciones útiles. Se busca establecer sanciones severas y una lista negra de corruptos, para que quien cometa estos actos pierda todo, el Estado lo recupere y lo use en beneficio público.
El origen de la propuesta
La iniciativa de ley parte de una campaña impulsada por organizaciones civiles en las elecciones de 2015, cuando a nivel federal se votó para renovar la Cámara de Diputados y a nivel local en 17 entidades. El mensaje central era llamar a los candidatos a cualquier cargo a dar a conocer su declaración patrimonial, fiscal y de intereses como un requisito para conquistar a los electores. Al final, sólo atendió el exhorto un pequeño porcentaje de los abanderados, pero la exigencia a que actuaran con transparencia fue inédita en el país.
