Están ahí para transparentar las compras del gobierno, pero pocos saben quiénes son y, si los buscas, será difícil encontrarlos.
Lo único que puede conocer la ciudadanía son sus nombres: existe una lista pública de 98 contralores ciudadanos, supuestamente encargados de vigilar las licitaciones, compras, obras y contratación de servicios del gobierno local. Pero encontrarlos es toda una odisea.
No hay teléfonos ni direcciones que permitan al ciudadano común acercarse a ellos. Los informes de sus supervisiones no son públicos y la manera más sencilla para encontrarlos consiste en buscar cada uno de los nombres de la lista en internet, y confiar en que alguno aparezca en Facebook, Twitter o LinkedIn.
De las 98 personas inscritas en el directorio de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios y Obras Públicas y Servicios Relacionados, una sola aceptó contestar nuestras preguntas sobre sus funciones.
Itzel Stephanie Aguilar Eving estudia la licenciatura en Derecho Burocrático y decidió convertirse en contralora ciudadana hace dos años, después de que uno de sus profesores le hablara sobre la convocatoria. Tomó el curso para saber cuáles serían sus funciones y quedó seleccionada, así como sus tres hermanas y su mamá.
“Creo que (a los contralores ciudadanos) les falta más importancia, que no ocupen lo que les dan sólo por grilla, sino que realmente les importe la zona donde viven”, sostiene.
La estudiante, de 21 años, tomó el primer curso para aprender a ser un contralor ciudadano en una semana y el de obras y adquisiciones —para conocer los términos básicos que se llevan a cabo en una licitación pública— en un mes. Después, asistió al curso para vigilar el actuar de los agentes del Ministerio Público en cuatro meses más.
Aprender a verificar que no haya corrupción en los contratos que el gobierno concede a una empresa o vigilar que los precios del producto que se van a adquirir se encuentren dentro de los costos normales del mercado puede cursarse en menos de medio año en la CDMX.
Sólo se requiere haber terminado el bachillerato, presentarse a una entrevista, acreditar un programa de capacitación, no ser funcionario público –y encontrarse lejos de este sector–, llevar una carta de antecedentes no penales y listo, ya puedes ser un contralor ciudadano, aunque el título es estrictamente honorario, por lo que no debes esperar alguna paga.
EL ORIGEN
Fue en 2004 cuando los diputados que integraban la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobaron la Ley de Participación Ciudadana, en donde se busca involucrar a los ciudadanos en los ejercicios de gobierno.
Para Héctor Saúl Téllez, diputado panista de la ALDF, la figura del contralor ciudadano no es suficiente para vigilar el actuar del gobierno, por la falta de conocimiento que pueden tener de un tema y la falta de sueldo.
En noviembre del año pasado, presentó una propuesta para eliminar la figura de los contralores ciudadanos y cambiarla por la de testigos sociales, la cual se aplica a nivel federal.
El objetivo era que, en lugar de convocar a cualquier ciudadano, las personas o instituciones que participaran como vigilantes fueran expertas en los temas en los que van a participar y que, por su apoyo, se les diera una compensación económica.
La propuesta se quedó en la Comisión de Administración Pública de la Asamblea y jamás subió al Pleno para ser votada.
“Había propuesto que solamente participaran en las contrataciones que pasaran de dos millones de veces el salario mínimo, es decir, más allá de los 140 millones de pesos”, justifica el diputado.
Para Ana Lilia Moreno, gerente de proyectos en el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) y coordinadora de la Red Mexicana de Competencia y Regulación, lo ideal es que en cada licitación pública haya ciudadanos especializados para evitar actos de corrupción, por lo que se deben de considerar perfiles de todo tipo, desde ingenieros, médicos y contadores, hasta abogados.
Por eso, también defiende la idea de que en la ciudad se aplique la figura de testigo social, ya que, afirma, “el Distrito Federal es de las entidades más opacas que hay en materia de transparencia”.
¿PA’ QUÉ CAMBIAR?
El titular de la Contraloría General del Distrito Federal, Eduardo Rovelo, admite que en ocasiones los contralores ciudadanos pueden carecer de conocimientos para enfrentar una licitación pública, aunque, dice, allí radica la importancia de que se les brinden capacitaciones constantes a los ciudadanos que participan.
Sobre la idea de sustituir a los contralores ciudadanos por testigos sociales, asegura que “conviene todo lo que abone a la participación y al empoderamiento de la ciudadanía”.
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Los contralores ciudadanos del DF tienen los siguientes derechos:
*Deben asistir a las sesiones de los comités a los que son asignados, para sugerir los puntos que deberán tratarse para mejorar su transparencia.
*Tienen que vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, en aras de emitir sus votos con criterio durante las sesiones que realicen los comités en donde estén asignados.
*Tienen derecho a recibir capacitación, información y asesoría para el desempeño de sus obligaciones legales.
DATOS QUE TE INTERESAN
— 35 personas laboran como testigos sociales a nivel federal.
— 5 organizaciones civiles participan como testigos sociales a nivel federal.
— 98 personas están acreditadas para participar como contralores ciudadanos en los procedimientos de licitación del Gobierno del DF.
— 350 personas están registradas en la contraloría ciudadana comunitaria.
