Reducir las condenas es el eje de una ley que cree en el beneficio reinserción de los menores, más que en encerrarlos

ARTE: NURI R. MELGAREJO

Ante un panorama en el que los pequeños infractores recibían penas desiguales —que iban desde unos pocos meses hasta décadas confinados en la cárcel por el mismo delito—, se diseñó un plan que voltea hacia la reinserción temprana como una medida preventiva para no generar criminales inadaptados o “casos perdidos” a largo plazo.

Así que, desde el 18 de junio de 2016, entró en vigor en todo el país la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, que, en sus 266 artículos detalla las medidas que deben aplicarse a los menores en conflicto con la ley en todo el país.

Antes de esta ley, cada estado establecía las penas para los menores infractores. En muchas ocasiones, se resolvía el internamiento durante un largo periodo de tiempo. Pero con su publicación, se homologaron las leyes de cada estado, con lo que se estableció el internamiento de los menores a partir de 14 años como medida extrema ante la presunta comisión de delitos graves, y por un tiempo breve.

Para quienes tengan 12 años, la ley contempla únicamente asistencia social. En todos los casos, se da prioridad a que los menores sean reinsertados en la sociedad, antes que internados: una sanción que, en estados como Aguascalientes, alcanzaba hasta 20 años de sentencia y en la CDMX iba de los seis meses a los cinco años.

“Que los adolescentes cumplan sus penas en libertad es positivo”, comenta Jimena Cándano, directora general de la Fundación Mexicana de Reintegración Social Reintegra, dedicada a la reinserción de jóvenes que experimentan conflictos penales. “Es importante que la privación de la libertad de un menor sea durante el menor tiempo posible, porque los adolescentes entre los 12 y 18 años están aprendiendo a relacionarse con el mundo. Si los extraes de la sociedad y los obligas a vivir dentro de una cultura carcelaria, las posibilidades de que vuelva a reinsertarse en su familia o en la sociedad se diluyen, conforme más tiempo pase internado”.

Cándano asegura que, a través de terapia y acompañamiento, es posible que los jóvenes se decidan por un proyecto de vida positivo. “La reinserción consiste en enseñarle a un joven a diferenciar qué está bien y qué no, para que los jóvenes puedan encontrar otras salidas distintas a la delincuencia”.

Los delitos de los jóvenes

De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2016 (Inegi), en la CDMX fueron procesados 874 adolescentes. Los delitos con las más altas cifras de menores procesados durante ese año son: narcomenudeo (203), robo (154) y feminicidio (28). A estos le siguen violación (9), daño a propiedad (8), homicidio (6), violencia intrafamiliar (6) abuso sexual (4), delitos contra seguridad pública (3), allanamiento de morada (2), secuestro (2), encubrimiento (2) fraude (1), extorsión (1), despojo (1) y otro tipo de delitos del fuero común (7). En 437 casos, el censo no especifica el delito, lo cual deja ver que la participación delictiva a temprana edad es una realidad aplastante.

    “No hay victimario que no haya sido víctima”, expresa Jimena Cándano. “Al final del día, no se justifica el delito, pero lo que nos conviene como sociedad es el tratamiento y la reinserción del adolescente, desde una perspectiva humana”.

De acuerdo con la directora de Reinserta, una buena política de reinserción, que atienda al adolescente a través de terapia psicológica, acompañamiento y objetivos fijos, como terminar la escuela o aprender un oficio, puede lograr que, en más del 90% de los casos, los jóvenes no vuelvan a delinquir. Cada adolescente atendido requiere de una inversión de 60 mil pesos anuales. “Si tomas en cuenta que estás formando a jóvenes que serán agentes de cambio en la sociedad, vale la pena”, menciona.

Solo con delitos graves

En mayo del año pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que a partir de los 14 años pueda aplicarse la medida de prisión preventiva, cuando se señale la responsabilidad del menor en delitos graves, es decir, homicidio calificado, robo con violencia, delincuencia organizada, terrorismo, extorsión agravada, violación, trata de personas y narcotráfico. También se estableció que la prisión preventiva no exceda un periodo mayor a cinco meses, y con la obligación de realizar una revisión mensual de cada caso.

A un año de la implementación de la ley, no existen medidas que permitan valorar todavía el éxito en la reinserción de los jóvenes en la sociedad. Hay, eso sí, pendientes. De acuerdo al informe “1/2017” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los Centros para Adolescentes de la CDMX  hay referencias de maltrato por parte de custodios, instalaciones inadecuadas, falta de capacitación en derechos humanos por parte del personal e indisciplina. Factores que no pueden ser ignorados si se busca un mejoramiento integral de la reinserción.

“Otros retos a los que se enfrenta esta ley es obtener recursos y capacitar a las autoridades para lograr una reinserción exitosa”, explica Jimena Cándano, quien comenta que, para cambiar la realidad de menores, hace falta voluntad política para erradicar la criminalidad en edades tempranas.

En cifras:

• 47% de los adolescentes que están en un penal abandonó su casa.
• 41% de los menores infractores sufrió maltrato físico durante la infancia.
• 39% señala que los amigos de la colonia influyeron en el delito por el que fueron internados.