Entre 2000 y 2015, sólo 18 funcionarios locales fueron sancionados por cometer fraudes con los relojes que registran entradas y salidas.
Aunque la existencia de funcionarios locales que burlan los relojes checadores es un problema reconocido por autoridades capitalinas —tanto del gobierno central como de las jefaturas delegacionales—, solamente 18 servidores públicos fueron sancionados entre el año 2000 y noviembre de 2015 por cometer esta falta.
De ese total, 14 correspondieron a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), uno a la Secretaría de Salud (Sedesa) y los tres restantes a las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa e Iztapalapa, de acuerdo con datos que la Contraloría General del DF entregó en respuesta a una solicitud de información.
Las sanciones que se les pudieron haber aplicado incluyen amonestación, multa, destitución o inhabilitación para ejercer cargos públicos, aunque el documento entregado no lo detalla.
Esta cifra contrasta con las que recientemente han dado autoridades para dimensionar el problema. En agosto, por ejemplo, antes de que Ricardo Monreal asumiera el cargo como delegado en la Cuauhtémoc, su equipo aseguró que en la administración saliente había alrededor de mil 500 ‘aviadores’, es decir, personas que pagaban a otras para que checaran sus entradas y salidas —y así poder llegar tarde a trabajar o irse antes— o que incluso estaban en la nómina sin acudir a laborar.
Monreal es militante de Morena, partido que en octubre reemplazó en la Cuauhtémoc al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y que para este año tendrá en la demarcación un presupuesto superior a los dos mil 500 millones de pesos.
Algunos especialistas consideran que son pocos los funcionarios sancionados por burlar los relojes checadores porque las contralorías de las instituciones de la ciudad, que se coordinan con la Contraloría General, carecen de reglas que las obliguen a actuar con rapidez para investigar y castigar faltas, así como de las herramientas necesarias para hacerlo.
“El diseño institucional no es el adecuado para detectar cualquier irregularidad o corrupción del servidor público. Pero iría a un espectro más amplio. En toda la arquitectura de contralorías o de vigilancia o de supervisión, no existe la prioridad de tratar de sancionar a los servidores públicos”, dice María Enriqueta Cepeda, directora ejecutiva de la asociación Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social).
En esto coincide la senadora Mariana Gómez del Campo, militante del Partido Acción Nacional (PAN) y secretaria de la Comisión de Distrito Federal de la Cámara alta. Para la legisladora, el hecho de que la Contraloría General dependa jerárquicamente del jefe de Gobierno, en vez de ser independiente, es un primer obstáculo para que cumpla con su función de vigilancia.
“La Contraloría no está haciendo su trabajo, debería funcionar de manera distinta”, dice la panista, y agrega que el que haya pocas sanciones para quienes burlan el reloj checador fomenta que más personas incurran en esa práctica.
Máspormás trató de contactar a la Contraloría capitalina para hablar del tema, pero no obtuvo respuesta antes del cierre de edición.
Tecnología, ¿suficiente contra el fraude?
Frente a las irregularidades con los relojes checadores, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció a finales de 2015 que los dispositivos actuales, en los que los funcionarios registran sus entradas y salidas con una tarjeta, serán sustituidos por otros que registrarán datos biométricos como la huella digital.
Con ello, afirman las autoridades capitalinas, se evitarán más casos de este tipo porque un funcionario no podrá pedir a otro que cheque en su lugar.
En total, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) compró 200 nuevos checadores a la empresa Docusec, por un monto de 37.3 millones de pesos. Según se ha dado a conocer, a partir de inicios de febrero todos ellos serán colocados en las sedes de dependencias y jefaturas delegacionales.
Para los especialistas, sin embargo, más allá de esa medida se requieren cambios de mayor profundidad a la manera en la que están organizadas las instituciones en la Ciudad de México. Y para hacerlo, señalan, la redacción de la primera Constitución de la capital es un buen momento.
La elaboración del documento comenzará en septiembre, después de que se instale la Asamblea Constituyente. Para Cepeda, en ese punto las organizaciones y los ciudadanos tendrán que exigir que en el nuevo régimen capitalino la Contraloría tenga más independencia y armas, así como que las contralorías sociales tengan más facultades.
“Es una situación en la que tenemos que actuar juntos para ejercer presión”, dice la especialista.
Los casos recientes
En estos meses, algunos delegados han revelado problemas con ‘aviadores’:
- En agosto, cuando Ricardo Monreal, de Morena, estaba por asumir en la Cuauhtémoc, su equipo informó que había unas mil 500 personas que hacían trampa con el reloj checador o que estaban en nómina sin trabajar.
- En enero, ya como jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, la panista Xóchitl Gálvez dijo que su administración dio de baja a 400 ‘aviadores’. Según la funcionaria, a la mayoría se le despidió y otros renunciaron.
- También en enero, la delegación Xochimilco, a cargo de Avelino Méndez, de Morena, informó que los jefes de supervisión y de checadores fueron destituidos porque se descubrió que cobraban a funcionarios por checar entradas y salidas fuera de tiempo.
Las definiciones que vienen
El proyecto de la primera Constitución de la Ciudad de México, que empezará a discutirse en septiembre, incluirá puntos como las facultades del jefe de Gobierno y de las nuevas alcaldías, que a partir de 2018 sustituirán a las delegaciones. Asimismo, planteará cómo se integrará el Poder Legislativo capitalino y de qué forma éste, a través de su órgano de fiscalización, revisará la cuenta pública anualmente. Académicos han pedido que esa discusión en la Asamblea Constituyente sea transparente y abierta a los ciudadanos.
