La cifra de universidades privadas crece desde la década de los 90, pero la mayoría carece de evaluaciones que midan su calidad.
Desde hace 20 años, el número de universidades privadas en el país y en la capital tiene una tendencia al alza. Sin embargo, la mayoría de esas instituciones carece de algún tipo de evaluación que certifique la calidad de la educación que imparte.
Representantes del sector, legisladores y especialistas coinciden en que, si bien no se puede decir que todas las nuevas universidades privadas sean “patito”, sí existen huecos en la regulación sobre la apertura y el seguimiento de estas instituciones, y esto implica el riesgo de que sus alumnos reciban una instrucción deficiente.
En todo México hay alrededor de dos mil universidades privadas, cinco veces más de las 358 que había en la década de los 90, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP). De ese total, 448 se encuentran en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
Para operar, deben tramitar un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), lo que pueden hacer ante la SEP, los gobiernos estatales y algunas universidades autónomas, o incluso en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sin embargo, en ese proceso pueden ocurrir irregularidades, como que si una universidad privada no lo obtiene con una instancia puede hacerlo con otra, según advierte el Banco Mundial (BM) en un informe sobre el tema.
“Son frecuentes los casos en los cuales, después de que la autoridad federal rechazó una determinada solicitud de particulares, estos hayan logrado revertir esa decisión obteniendo el RVOE, para los mismos estudios, acudiendo a alguna autoridad estatal, y viceversa”, señala el texto.
Más aún, la SEP admite que el RVOE sólo acredita que la universidad privada cumple con los “requisitos mínimos” de ley para poder impartir una carrera —como contar con planes y programas de estudio, profesores e instalaciones—, pero no garantiza la calidad de su enseñanza.
La evaluación de esa calidad, que la SEP define como “un proceso de mejora continua en busca de excelencia”, corresponde a instancias externas como el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes) y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), asociaciones civiles del sector.
Francisco Ramírez Yáñez, presidente de la FIMPES, explica que las nuevas universidades no están obligadas a entrar en la organización, aunque hacerlo les da categoría y capacidad de diálogo con autoridades.
Para aceptar aspirantes se sigue un método riguroso, que incluye hacer visitas y que el interesado se comprometa a autoevaluarse. Cada año se reciben poco más de 20 solitudes, pero sólo se aprueba 5%. Y de las universidades privadas de la ZMVM, únicamente 33 forman parte de la federación.
Cómo evitar “fábricas” de titulados
Académicos como Carlos Muñoz Izquierdo y Marisol Silva Laya, de la Universidad Iberoamericana, explican que el crecimiento de las universidades privadas ha ido de la mano con el aumento en el número de jóvenes rechazados por las instituciones públicas.
En ese contexto de demanda de educación superior, señalan en un estudio, nuevas universidades han abierto sus puertas, con colegiaturas menores que las instituciones de mayor antigüedad y prestigio y con carreras ligadas principalmente a las Ciencias de la Administración. Otras de sus carreras comunes son Derecho, Psicología y Comunicación, mientras escasean las ligadas a ciencias exactas o de la salud.
Máspormás preguntó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) qué universidades privadas tienen más quejas por mal servicio, pero la dependencia no respondió antes del cierre de edición.
Cuestionado sobre el tema, el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, reconoce que el país necesita crear un solo mecanismo para monitorear el desempeño de las universidades privadas.
“No tenemos un sistema en educación superior que evalúe a las universidades”, dice el legislador, aunque pide no satanizar a las instituciones particulares y tacharlas a todas como “patito”.
Sobre la situación de la capital, Cynthia López Castro, presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa (ALDF), coincide en que faltan acciones para evitar que las nuevas universidades privadas se conviertan en simples “maquinarias de títulos”.
“[La meta es que] no cualquier universidad pueda abrir un plantel aquí, sino que tenga un reconocimiento para poder tener su validación en la Ciudad de México”, dice la asambleísta, quien considera que la Secretaría de Educación local (Sedu) debe asumir un papel más activo en este trabajo.
La titular de la Sedu, Alejandra Barrales, asegura que la dependencia a su cargo busca trabajar en esto junto con las nuevas instituciones.
“Nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar que todas las escuelas sean de calidad […] Por eso hemos tenido la iniciativa de convocar a las diferentes escuelas a que acudan por asesoría y capacitación a la secretaría, para que podamos acompañarlas en el trámite [de apertura] para darles certeza jurídica”, sostiene la funcionaria.
Identifica a las “patito”
Estos son consejos de la Profeco para que evites inscribirte en una institución de mala calidad:
- Busca si la universidad está registrada ante la FIMPES o la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). También verifica si ha tenido evaluaciones externas y cuáles han sido sus resultados.
- Otro indicador es la oferta académica de las universidades. Por lo general, las “patito” sólo imparten carreras de alta demanda, como Administración, Contaduría o Turismo.
- En las universidades de baja calidad prácticamente todos los profesores están contratados por horas y no llevan a cabo investigación académica.
Un programa con antecedentes polémicos
Frente al problema de los jóvenes rechazados de las universidades públicas, el GCM y la SEP acordaron ampliar el programa Educación Por Ti. Con ello, pactaron financiar becas para que estos puedan estudiar en algunas instituciones privadas. Esto se basa en un esquema de becas similar que la ALDF impulsó cuando Alejandra Barrales, hoy secretaria de Educación local, era su presidenta. Sin embargo, auditorías realizadas a este esquema detectaron irregularidades en su operación y en los criterios con que se administraban los recursos.
