Por mandato judicial, trabajadoras sexuales deben recibir identificaciones pero, según una ONG, funcionarios frenan el trámite.
Trabajadoras sexuales tienen cuatro años en un estira y afloja con autoridades de la capital, en el cual exigen que éstas reconozcan su derecho al trabajo y sus posibilidades de acceder a beneficios sociales.
El jaloneo llegó a instancias legales en 2012, cuando un grupo de ellas, apoyadas por la organización civil Brigada Callejera Elisa Martínez, promovió un amparo contra la Ley de Cultura Cívica.
Dentro del recurso, estas mujeres argumentaron que el artículo 24 de dicha legislación las afectaba porque considera el trabajo sexual como una infracción “contra la tranquilidad de las personas”.
En enero de 2014, la jueza Paula García Villegas Sánchez Cordero —hija de la exministra de la Corte Olga Sánchez Cordero— resolvió a su favor y les otorgó el amparo, tras concluir que esta ley no puede estar por encima del derecho al trabajo consagrado en la Constitución del país.
Tras el fallo, en marzo de ese año la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) otorgó a trabajadoras sexuales sus primeras tarjetas de trabajadoras no asalariadas, un documento que les permite identificarse y ofrecer servicios sexuales sin que una autoridad se los impida.
Sin embargo, según advierte Elvira Madrid, coordinadora de la Brigada Callejera, desde entonces funcionarios ponen trabas a la entrega de estas identificaciones. Incluso, detalla, la organización planteó el problema en una reunión que sostuvo con la titular de la STyFE, Amalia García.
“Ella dijo que no tenía ningún problema, que si eso [la expedición de tarjetas] era un mandato ella iba a seguir con ese procedimiento. Con ella no hay ningún problema. Es con la gente que directamente está entregando en ventanilla. Es una burocracia como en el resto de todos los lugares”, refiere la activista.
Cuestionado sobre el asunto, el director de Trabajo y Previsión Social de la STyFE, Mario Julio Córdova, rechaza que funcionarios obstaculicen la entrega del documento.
“Sigue abierto [el proceso] a quien venga y a quien lo solicite. Además con agilidad, porque había algo que comentaban que se retrasaba mucho el trámite. El resello lo estamos dando de inmediato y la credencial, cuando los solicitan y reúnen los requisitos, prácticamente en dos semanas”, dice.
El porqué de las tarjetas
A la fecha, la STyFE ha entregado 163 tarjetas a trabajadoras y trabajadores sexuales. Con ellas pueden tramitar una licencia para ofrecer sus servicios. La situación de estas personas es jurídicamente distinta a la de quienes son forzados a hacerlo, pues el primer caso corresponde a individuos que lo hacen por voluntad y el segundo a víctimas de explotación sexual.
Cuando una trabajadora sexual obtiene su tarjeta y su licencia, queda sujeta al Reglamento para los Trabajadores no Asalariados de la capital. Entre otras cosas, esta norma establece que, si no cuentan con seguro social, estos ciudadanos pueden acudir al Hospital Gregorio Salas por atención médica gratuita.
Al respecto, sin embargo, Córdova admite que el reglamento es obsoleto porque sólo contempla algunos oficios, como aseador y reparador de calzado, músico, albañil o artista de la vía pública.
“Es una reglamentación que se creó en 1975. Del 75 a la fecha ya cambió la Ciudad de México”, dice el funcionario.
Sector estigmatizado
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y algunos especialistas urgen a que los países reconozcan el trabajo sexual como una ocupación más, con la finalidad de que pueda ser regulado y se proteja a quienes ejercen esta actividad.
En la capital, Córdova señala que las autoridades de momento no están obligadas a diseñar una política pública específica para este sector, sino únicamente a acatar el mandato judicial sobre la entrega de tarjetas de trabajadoras no asalariadas.
“No hay ninguna política pública. La función, la atribución de la secretaría es acreditar a los trabajadores no asalariados de conformidad al reglamento de trabajadores no asalariados”, dice.
En tanto, Brigada Callejera insiste en que el trámite debe ser más ágil y pide a las trabajadoras sexuales a quienes apoya mantener el reclamo de ser reconocidas.
“De nuestra parte les decimos a las chicas y chicos que hay que seguir por el mismo camino hasta que les entreguen las credenciales”, dice Elvira Madrid.
Especialistas advierten que las trabajadoras sexuales son un sector vulnerable porque son estigmatizadas. Según la Comisión de Derechos Humanos de la capital, entre enero de 2014 y noviembre de 2015 trabajadoras sexuales presentaron cuatro quejas por posibles abusos de parte de autoridades, en particular de instancias de seguridad y justicia.
Los detalles jurídicos
Estos son los puntos clave del amparo promovido en 2012 por trabajadoras sexuales de la capital:
- El amparo protege a estas mujeres de la Ley de Cultura Cívica local, que sanciona el trabajo sexual. Según el fallo, una ley secundaria no puede estar por encima del derecho al trabajo consagrado en la Constitución.
- Con lo anterior, se abrió la puerta a que las trabajadoras sexuales sean reconocidas como trabajadoras no asalariadas, obtengan identificaciones y puedan ejercer su oficio.
- Sin embargo, no aparecen en el Reglamento para los Trabajadores no Asalariados, que sí comprende oficios como aseador de calzado, mariachi, músico, albañil, pintor y lavador de automóviles.
Brigada Contra las enfermedades sexuales
La Brigada Callejera Elisa Martínez se define como una organización civil defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales. Se formó en los 80 y, como parte de sus actividades, en 1993 empezó a repartirles condones del gobierno federal para ayudarlas a prevenir infecciones. Doce años después, en 2005, la agrupación lanzó sus propias marcas: Encanto y Triángulo. Ambos productos se distribuyen en varios estados de la República, con un precio de 1.50 pesos, e incluso han llegado al extranjero.
