El Comité Ciudadano de la Nápoles ganó un recurso legal que presentó en contra del delegado de Benito Juárez, Jorge Romero. El funcionario tuvo que pagar 7 mil pesos.
Vecinos de la colonia Nápoles se cansaron de que las autoridades delegacionales y del Gobierno de la Ciudad de México los ignoraran antes, durante y después de la instalación de parquímetros, así que decidieron recurrir a los juzgados federales, donde consiguieron que se multara a un funcionario público por no respetar el derecho de petición.
El Comité Ciudadano Nápoles, organización vecinal, logró que el Poder Judicial de la Federación multara al delegado de Benito Juárez, Jorge Romero, por no respetar el derecho de petición de los ciudadanos, establecido en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La multa que recibió Jorge Romero fue de 100 días de salario mínimo, equivalente a poco más de 7 mil pesos.
“Nos cansamos de que en el DF nadie nos hacía caso y nos fuimos a instancias federales para obligarlos a responder”, explica Víctor Garduño, integrante del Comité Ciudadano Nápoles.
La herramienta legal que utilizaron los ciudadanos para conseguir su triunfo fue un amparo indirecto, en el que reclamaron la violación a su derecho de petición, contemplado en el Artículo 8 constitucional.
Este artículo señala que los funcionarios públicos deben respetar el derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Además, obliga a dar una respuesta a la solicitud.
Como el delegado panista no respondió a las peticiones, el Comité optó por presentar una solicitud de amparo indirecto, que “es el que procede contra cualquier acto u omisión de autoridad”, explica Francisco Burgoa, profesor en derecho constitucional de la UNAM.
DEFENDER UN DERECHO
Desde octubre de 2014, el Comité Ciudadano Nápoles envió al delegado Jorge Romero una serie de peticiones para que se escuchara su postura sobre el programa ecoParq, que aún no entraba en vigor en su colonia.
También solicitaron conocer la metodología de la encuesta que se aplicaría entre los vecinos, para valorar si estaban de acuerdo o no con la instalación de los parquímetros. Y pidieron que se instalara una mesa de trabajo, para modificar algunos puntos del sistema.
Los vecinos también realizaron peticiones a Dhyana Quintanar, titular de la Autoridad del Espacio Público (AEP) del Gobierno del Distrito Federal, dependencia encargada de otorgar los permisos a las empresas para la instalación de los parquímetros.
A Quintanar, los vecinos le solicitaron los documentos que la empresa Copemsa Metropolitana entregó para poder operar parquímetros en la colonia.
Ambos funcionarios ignoraron las peticiones, por lo que Víctor Garduño y Omar García, integrantes del Comité Ciudadano Nápoles, presentaron una solicitud de amparo en el Juzgado de Materia Administrativa del DF, en contra de las dos autoridades locales.
“Decidimos que la vía legal era nuestra alternativa… Queremos hacer un cambio en el gobierno delegacional, que por meses nos trajo con vueltas”, expone Garduño.
Garduño y García explican que Jorge Romero también ignoró las solicitudes del juez de distrito en materia administrativa, para que rindiera un informe y así conocer su postura. Como el delegado no se defendió, se dio por hecho que la acusación era cierta, así que la autoridad le impuso una multa y lo obligó a contestar a los vecinos.
En el documento que el delegado Jorge Romero entregó después de ser multado señala que su administración está convencida de que el programa ecoParq coadyuva con propósitos de ordenamiento. Además, menciona que se realizó un sondeo del 17 de septiembre al 3 de noviembre, de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Participación Ciudadana del DF. Como prueba de las reuniones que se realizaron con los vecinos presentó un documento con nombres, sin firmas, como “lista de asistencia” a las pláticas.
El caso por el amparo en contra de Dhyana Quintanar, titular de la AEP, aún está abierto. La funcionaria, a diferencia de Romero, sí contestó la acusación argumentando que los vecinos tenían que ir antes al Tribunal de lo Contencioso del DF.
Sin embargo, Burgoa explica que la violación de un derecho constitucional está por encima de un tribunal local, pues “el amparo es el principal instrumento jurídico para proteger los derechos humanos”.
Gerson Hernández Mecalco, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que los ciudadanos pueden utilizar los derechos que se reconocen en la constitución, como una herramienta para solicitar información sobre cómo y por qué se aplica una política pública.
“Es importante que los ciudadanos se organicen y participen no sólo bloqueando calles, sino utilizando un recurso constitucional para exigir su derecho a incidir en la toma de decisiones de las autoridades”, resalta Hernández Mecalco.
máspormás solicitó la versión del delegado Jorge Romero y de Dhyana Quintanar; hasta el momento de la publicación, no se tuvo respuesta.
Los vecinos de la Nápoles dicen que no quitarán el dedo del renglón. Víctor Garduño explica que todos los procesos legales que realizan son para recabar toda la información en torno al programa ecoParq: “Hemos preguntado por la buena y nada, nos hemos dado cuenta que ni ellos (las autoridades) saben detalles del programa”.
Los vecinos ya solicitaron información a otras dependencias, como la Oficialía Mayor. Garduño asegura que seguirán con los procesos legales y recopilando las pruebas necesaria para demostrar, “también en instancias federales, que el programa ecoParq no tiene sustento legal”.
CONTEXTO
Esto dice el Artículo 8º:
Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del Derecho de Petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
DATOS
8 de diciembre. Día en que comenzó a operar el programa EcoParq en la colonia Nápoles.
182 parquímetros se instalaron en la colonia Nápoles.
1980 cajones de estacionamiento operan en la colonia Nápoles.
