Aunque lo ordenó el Gobierno capitalino, los titulares de nueve instituciones no han dado a conocer sus declaraciones de intereses.
A pesar de que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo ordenó en mayo pasado, los titulares de nueve instituciones de la Ciudad de México han incumplido con dar a conocer su declaración de intereses, una medida que la administración capitalina considera elemental para evitar que ocurran conflictos de interés entre sus funcionarios y empresas privadas.
De acuerdo con una revisión a la página web de la Contraloría General de la capital y con información solicitada por transparencia, hasta ahora no se cuenta con esos datos de Simón Levy, director de la empresa paraestatal ProCDMX; Rafael Camacho Solís, del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA); Guillermo Orozco, de la Procuraduría Social (Prosoc); Julio César Serna, del Fideicomiso de la Central de Abasto, y Hugo Villa, de la Comisión de Filmaciones.
PROCDMX PRECISA SOBRE LA DECLARACIÓN DE INTERESES DE SU TITULAR
Lo mismo sucede con los titulares del Instituto Técnico de Formación Policial, Ignacio Medina; del Instituto de Formación Profesional de la procuraduría, Juan José Olea, y del Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano, Luis Enrique Miramontes Higuera.
Esto se debe a que los funcionarios en cuestión entregaron su declaración de intereses pero rechazaron hacerla pública, detalló la Contraloría General a Máspormás. No obstante, la orden de Mancera fue que no solamente presentaran el documento, sino que lo dieran a conocer. “[Las personas señaladas] también están obligadas a generar una versión pública [del formato]”, indican los lineamientos emitidos a través de la Gaceta Oficial.
Además, seis jefes delegacionales electos en junio —y cuyas gestiones comenzaron en octubre— tampoco han atendido la instrucción. Se trata de los morenistas Avelino Méndez, de Xochimilco, y Pablo Moctezuma, de Azcapotzalco; de los perredistas Valentín Maldonado, de Coyoacán, y Carlos Estrada, de Iztacalco, y de los priistas Miguel Ángel Salazar, de Cuajimalpa, y Jorge Alvarado Galicia, de Milpa Alta.
La orden de Mancera abarcó a los delegados porque estos, a diferencia de los alcaldes de un estado, no gozan de autonomía respecto del gobierno central. Pese a ello, los de Xochimilco e Iztacalco ni siquiera cumplieron con entregar el documento.
En mayo, Mancera dijo que habría sanciones para quien no cumpliera con dar a conocer sus relaciones familiares o personales que fueran potencialmente conflictivas, es decir, que pudieran poner a un funcionario en una posición ventajosa para aprovechar su cargo y obtener un beneficio privado. Sin embargo, según información entregada por transparencia, no ha sido sancionado ningún servidor público.
Formato poco claro
Expertos en transparencia y rendición de cuentas coincidieron, además, en que el formato de versión pública que ofrece el gobierno de la ciudad para conocer las declaraciones de intereses de sus funcionarios es insuficiente y poco claro. Lo anterior, debido a que el documento únicamente muestra el número de relaciones familiares y personales de cada servidor público, pero no detalla los nombres de las empresas o asociaciones con las que están vinculadas esas personas.
De acuerdo con la revisión realizada, más de 90% de los titulares de instituciones del gabinete capitalino declaró no tener relaciones potencialmente conflictivas.
Eduardo Bohórquez, director de la ONG Transparencia Mexicana, señaló que las declaraciones de intereses deben ser totalmente públicas y claras, es decir, incluir los nombres de las empresas en las que participen los familiares y amigos de los funcionarios, así como los cargos que ocupan en ellas.
“En la declaración de intereses es central que sea todo público, salvo que una ley expresa prohíba su divulgación; porque su función es preventiva, lo que busca evitar es que haya potenciales conflictos de interés. Si no se hace pública, no se entiende la naturaleza de la declaración de intereses. Los intereses tienen que estar arriba de la mesa, todos”, dijo.
Para Bohórquez, en este punto existe una diferencia en comparación con la declaración patrimonial, en la que, por razones de seguridad, es justificable que ciertos datos se mantengan ocultos.
Marco Fernández, investigador del Tec de Monterrey, comentó que la legislación tiene un problema de origen, pues en ella no se define con claridad qué se entiende por conflicto de interés ni cuántas relaciones personales se deben reportar.
“[La orden] parece más una simulación, porque los funcionarios no entienden lo que se tiene que reportar”, consideró Irma Eréndira Sandoval, coordinadora del Laboratorio Anticorrupción del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Los detalles de la orden
Te presentamos algunos puntos de la instrucción que dio el jefe de Gobierno de la Ciudad de México:
- La orden fue dada a conocer el 27 de mayo de 2015, después de dos escándalos por posibles conflictos de interés en la capital y otros más a nivel federal.
- El jefe de Gobierno dijo entonces que la obligación de presentar y hacer pública la declaración de intereses incluiría a todos los funcionarios, desde titulares de instituciones hasta el personal de base que participara en procedimientos de toma de decisión o adquisiciones.
- Esto último se incluyó porque se considera que estos funcionarios son los que están en mayor probabilidad de caer en un conflicto de interés y favorecer a ciertas empresas.
- Actualmente, los funcionarios capitalinos ya están obligados a presentar una declaración patrimonial, pero hacerla pública o no es su decisión.
- Este año, un grupo de ONG impulsa una ley para hacer obligatorio que los funcionarios del país presenten declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
Los casos que detonaron escándalos
Desde finales de 2014, dos casos derivaron en escándalos por posibles conflictos de interés en la ciudad. El primero fue en diciembre de ese año, cuando se dio a conocer que el entonces delegado de Iztapalapa, Jesús Valencia, conducía una camioneta de lujo de un contratista de la demarcación. El segundo fue en marzo de 2015, cuando Mancera pidió la renuncia al entonces secretario de Obras, Alfredo Hernández, luego de que se reveló que había dado un contrato a una empresa de la que su esposa era directiva.
Nota del editor: En la primera versión de este texto se señaló erróneamente a Enrique Provencio como una de las personas obligadas a presentar declaración de intereses. Sin embargo, dado que su cargo en el Consejo Económico y Social es honorario, no está obligado a hacerlo.
