Esta brecha de género existe a pesar de que en 10 de 15 países de la región, las mujeres representan más de la mitad de los empleados del sector público
En América Latina y el Caribe, las mujeres representan 42% de la fuerza laboral total que combina el empleo público y privado, brecha de género similar en los puestos directivos, ya que ellas sólo ocupan 43% de estos cargos, reveló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De acuerdo con el Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024, en 10 de 15 países de la región, las mujeres representan más de la mitad de los empleados del sector público.
“En promedio, en la región, las mujeres ocupan 54% de los puestos profesionales y 55% de los secretariales, lo que refleja dificultad para lograr la igualdad de género en los puestos directivos”, indica el análisis.
En este rubro, Brasil y Chile encabezan la lista con 56%, “por un margen pequeño respecto del resto”, donde también la proporción de servidoras públicas aumentó en dos puntos porcentuales en promedio entre 2011 y 2021.
Donde también se redujo está brecha es en Trinidad y Tobago, con un aumentó seis puntos porcentuales en ese período, y en Costa Rica con 5. “Esta sobrerrepresentación de las mujeres puede estar relacionada a una mayor estabilidad laboral, igualdad salarial y de prestaciones”.
Destacan los casos de Guatemala, Honduras y la República Dominicana donde existe la mayor proporción de mujeres en puestos directivos, el cual oscila entre 57 y 63%. En contraste en Belice y Uruguay las mujeres ocupan más puestos secretariales con un 67%.
Trabajo para personas con discapacidad
El informe de la OCDE también resalta que en América Latina y el Caribe, los servidores públicos con discapacidad representan 1.1% de la fuerza laboral, por debajo de la cuota promedio de este sector de la población en la región (4%).
“Algunos países de ALC han establecido cuotas fijas legalmente vinculantes, y otros permiten una mayor flexibilidad; por ejemplo, en Colombia, la cuota oscila entre 0.5% y 4%, dependiendo del número total de puestos de trabajo en cada entidad”.
Dicho país, resalta, es el único que en promedio ha cumplido su cuota, con un 3.6% de servidores públicos con discapacidad en su fuerza laboral. En el caso de Chile, su cumplimiento por parte de las administraciones públicas de su cuota legal es de 1%.
La OCDE advierte que la mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe no registran regularmente información sobre este tema, lo que dificulta la aplicación de la legislación o la recopilación de datos de calidad para su mejora.
