Informó que apelará la decisión del juez Jesús Alberto Chávez, quien determinó liberar a Jorge Antonio S, agente del CISEN y señalado como el segundo responsable del crimen
En el homicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, participó un segundo tirador, afirmó la Fiscalía General de la República (FGR).
“Las pruebas de rodizonato señalan que el (segundo) acusado, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer. Un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima”, señaló.
Por ello, indicó en un comunicado, recurrirá a un recurso de apelación contra la decisión del juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, quien tras el magnicidio determinó liberar a Jorge Antonio S, agente del Cisen asignado a cubrir al abanderado y señalado como el segundo responsable del crimen.
“…fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro G, quien era subdirector operativo en el propio Cisen y fue quien lo rescató en Tijuana”, afirmó la dependencia.
Agregó que las pruebas presentadas por la FGR en contra de Jorge Antonio S, demuestran su presencia en el lugar y en el momento del homicidio, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos, en especial las de análisis hemático, que demuestran que en la ropa del acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima.
Los testimoniales, detalló, también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima; y probaron que el Cisen de la Secretaría de Gobernación mandó al presunto responsable al lugar del homicidio, “para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”.
De acuerdo con la FGR, en el video donde se aprecia la primera detonación contra el candidato, sólo se dirige hacia el primer tirador (Mario Aburto) y no hacia el segundo “que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse”, y acusó al juez Chávez Hernández de pretender otorgar más valor a ese material frente a todo el acervo de pruebas aportadas.
En el caso de la testigo denominada “la única prueba”, la Fiscalía refirió que ella nunca estuvo en el lugar del delito y no atestiguó nada de lo ocurrido, sin embargo, apuntó, el diario que publicó dicha versión ocultó todas las pruebas incriminatorias que constan en el expediente judicial.
“El juez llegó hasta el extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance”, aseguró.