La Secretaría de Gobernación indicó que solicitarán girar nuevas órdenes de aprehensión y agotar todas las líneas de investigación
El Gobierno de México rechazó la liberación de ocho militares presuntamente vinculados al caso Ayotzinapa, e indicó que solicitarán a la Fiscalía General de la República (FGR) girar nuevas órdenes de aprehensión y agotar todas las líneas de investigación.
En un comunicado de la Secretaría de Gobernación (Segob), consideró que la determinación judicial carece de “fundamento legal” con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército, socavar el prestigio del Estado mexicano, “y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos” lo que atribuyó a razones políticas.
“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, aseguró.
La dependencia señaló como responsable de esa decisión a la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del tribunal colegiado, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio.
Acusó al Poder Judicial de utilizar pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. “Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición”.
La Segob recordó que dicha instancia liberó a 62 implicados en la desaparición de los 43 normalistas, con el argumento de haber sufrido tortura, sin embargo, reprochó la falta de justicia en el caso de Tomás Zerón de Lucio, actualmente prófugo en Israel, así como el intento de liberación del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares.
“El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”.
Por ello, advirtió, el gobierno federal solicitará la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios para otorgar la prisión preventiva justificada a los elementos castrenses y refrendó el compromiso “con el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos. La búsqueda continuará hasta encontrarlos”.
