Lxs trabajadorxs del poder judicial se manifestaron esta tarde en las escalinatas de la sede la Cámara de Diputados, donde se pronunciaron contra la iniciativa
Integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) amagaron con iniciar un paro de labores, en caso de que el Congreso de la Unión apruebe la Reforma Judicial el próximo sexenio.
“La suspensión de labores, como última medida, la emplearíamos con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales. Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en que se vuelva necesaria”, señalaron en un comunicado emitido este martes por nueve asociaciones de jueces, juezas y magistradxs federales.
En el documento de 36 puntos, advirtieron que “septiembre de 2024 puede convertirse en una fecha fatídica para el país” si el Congreso entrante y la futura presidenta Claudia Sheinbaum se empeñan en aprobar la Reforma Judicial.
Lxs trabajadorxs del poder judicial se manifestaron esta tarde en las escalinatas de la sede la Cámara de Diputados, donde se pronunciaron contra la iniciativa y además desconocieron a los líderes sindicales, quienes, aseguraron, no los representan.
Asimismo señalaron que el proyecto destruye la independencia judicial y mina el estatuto de lxs empleados de tribunales y juzgados federales (sistema de permanencia y ascensos basado en carrera judicial y cualificación técnica, inamovilidad en el cargo, irreductibilidad del salario y haberes de retiro
dignos).
“Lo que la iniciativa ofrece a cambio son: a) tribunales sin independencia ni garantías de imparcialidad y b) funcionarios y empleados judiciales faltos de
vocación, sin el conocimiento profundo del sistema normativo y, muy probablemente, comprometidos con intereses predeterminados”, aseveraron.
Entre los “defectos” de la iniciativa mencionados por académicos, sociedad civil, la judicatura, juristas extranjeros y organismos internacionales enumeraron:
a) La sustitución radical e injustificada de todo un poder por otros dos es
contraria a la idea de República y de Estado Constitucional de Derecho.
b) Se abre la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan
presión efectiva sobre los poderes judiciales.
c) Se propicia que personas sin capacidad técnica ni solvencia moral sean
electas juzgadoras.
d) Se desincentiva la emisión de decisiones (sentencias) que potencialmente
pueden afectar los intereses gubernamentales, aunque los actos de la
administración pública o de las legislaturas sean arbitrarios y
abiertamente inconstitucionales.
e) Se menoscaba el derecho de los ciudadanos a contar con una justicia
pronta, expedita, gratuita e imparcial para hacer valer sus derechos
humanos.
Las asociaciones consideraron necesario revisar a fondo el sistema de justicia, al resaltar que el nuevo gobierno tiene “la oportunidad histórica de saldar esta deuda común”, al reconocer que se debe atacar de fondo los problemas del acceso a la justicia para que todas las personas, y más quienes pertenecen a los grupos menos favorecidos de la sociedad, cuenten con instancias eficaces que les garanticen el respeto a sus derechos humanos y, al mismo tiempo, para proveer del incentivo de seguridad jurídica a los inversionistas.