Indicaron que Crescencio Contreras actuó con absoluto apego a la ley en el caso de la liberación de un presunto criminal
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) condenaron la solicitud de juicio político contra el juez de Distrito de Tamaulipas, Crescencio Contreras, interpuesta por el gobierno federal, al considerar que actuó con absoluto apego a la ley en el caso de la liberación de un presunto criminal.
“Para esta Asociación Nacional la actuación del Juez de Distrito se realizó apegada a la ley. Si en este caso la resolución emitida resultó favorable al imputado, fue debido a la deficiente actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) como el juzgador lo advirtió de forma precisa y reiterada en la fundamentación de su fallo”, indicaron.
A través de un comunicado, reiteraron que el señalado aplicó en sus decisiones los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen las actuaciones de los juzgadores federales.
Asimismo indicaron que el recurso judicial no debe utilizarse “como un mecanismo al servicio del gobierno para controlar o acechar al poder judicial de las personas juzgadoras”.
En el documento expusieron cinco consideraciones del caso, en los que además de justificar la actuación de Contreras Martínez en la presentación del caso de la liberación de un supuesto integrante de un grupo delictivo, resalta que la FGR no sustentó con datos y pruebas sus acusaciones.
El pasado 30 de enero, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Tamaulipas, por probables actuaciones ilegales en favor de grupos criminales.
“Se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país y a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México”, indicó en un comunicado la dependencia.
Detalló que informaron a las y los legisladores sobre diversos casos de alto impacto en lo que estuvo involucrado el señalado, como la liberación de integrantes del grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como el tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.