Ante la sorpresiva entrada en vigor de la Ley SB4 en Texas, EU, con un marcado acento antiinmigrante, el gobierno federal ha respondido de manera contundente
En México aún no se terminaba de celebrar la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de ampliar la suspensión temporal de la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, que criminaliza a migrantes que pasen por ese territorio, cuando llegó la abrupta noticia: la misma Corte anunció el martes su rechazo a una solicitud que pedía bloquear temporalmente el Proyecto de Ley Senatorial 4.
El anuncio en el país lo dio la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien calificó de “sorpresiva” la medida y recordó que atenta contra los derechos de los migrantes. “Al frente de la SRE he sido clara: la protección y apoyo a nuestros connacionales es la prioridad. Rechazo esta medida que criminaliza a personas en movilidad”, sentenció la canciller desde sus redes sociales.
La demanda que impugna la SB4 fue presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, en nombre del Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas, American Gateways y el condado de El Paso, de acuerdo con el medio local Texas Public Radio.
La información detalla que en el documento se nombra al director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, y al fiscal de distrito del condado de El Paso, Bill Hicks, como acusados.
Entre las consecuencias de la entrada en vigor de la ley está que cualquier persona que entre sin autorización a Texas automáticamente estará cometiendo un delito estatal.
Además, los jueces locales podrán ordenar que un migrante acusado bajo esta ley regrese a México, independientemente de su lugar de procedencia. Es decir, podría tratarse de una persona que lleva años viviendo en Estados Unidos.
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que reprueba la entrada en vigor de esta ley y advirtió que no aceptará, “bajo ninguna circunstancia”, repatriaciones por parte del estado de Texas.
“México reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio. México reconoce la importancia de una política uniforme en materia migratoria y los esfuerzos bilaterales con ese país para que la migración de personas sea de manera segura, ordenada y con respeto a sus derechos humanos, y no se vea afectada por decisiones legislativas del orden estatal o local”, destacó la institución en un comunicado oficial.
Además, la SRE recordó que desde que la ley fue discutida en la Legislatura de Texas, rechazó “tajantemente” cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano, pues dijo que se trata de una medida que pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante.
“México cuestiona también disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, generando ambientes hostiles en los que la comunidad migrante esté expuesta a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial. La SRE seguirá brindando asistencia y protección consular oportuna, humana y digna a todas las personas mexicanas en Texas a través de sus 11 representaciones en el estado, y del Consulado de Albuquerque que también cubre condados del estado”.
Amigo de la Corte
La SRE declaró que como parte de las acciones para velar por los intereses de México y de sus nacionales en EU, el gobierno de México participará como Amigo de la Corte ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ubicada en Nueva Orleans, Luisiana, para acercar información relevante sobre el impacto que dicha ley tendrá en la comunidad mexicana y/o mexicoamericana, así como su efecto en las relaciones entre México y Estados Unidos.
