México padece una larga crisis de derechos humanos visible hoy a nivel internacional a causa de la desaparición forzada de 43 estudiantes de una escuela pública de Guerrero. Lo último que sabemos con plena certeza es que estos jóvenes pobres y de izquierda, en su mayoría hijos de campesinos, fueron detenidos por un grupo de policías la noche del 26 de septiembre de 2014 en una ciudad donde opera el esquema oficial Mando Único, bajo el cual ejército, policía federal, estatal y municipal actúan de manera coordinada.
¿Lo que sucedió en Iguala se trata de una excepción en nuestro país? Desgraciadamente la respuesta es no.
Con mayor énfasis desde 2006 y hasta la fecha, numerosos ciudadanos, así como organizaciones sociales y políticas han sido víctimas de una constante e ilegal represión por parte del Estado mexicano. En aquel año en que gobernaba Vicente Fox Quesada, valdría la pena recordar que tres trabajadores del sindicato minero fueron asesinados por la policía mientras mantenían una huelga; por las mismas fechas, dos jóvenes murieron durante el asalto de la policía al pueblo de San Salvador Atenco, donde un centenar de detenidos fueron torturados brutalmente y una docena de mujeres agredidas sexualmente; en la ciudad de Oaxaca, más de 20 activistas opositores al entonces gobernador, murieron bajo las balas disparadas desde escuadrones ilegales.
De 2007 a 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón, la crisis humanitaria se recrudeció al incorporar el término Guerra del Narco a la narrativa oficial. Miles de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y detenciones ilegales, así como decenas de masacres ocurrieron en completa impunidad. Entre estos caídos, hay otras decenas de estudiantes. Por ejemplo, Jorge Mercado y Javier Francisco Arredondo, quienes fueron asesinados por un comando del Ejército, el cual después de matarlos intentó dejar irreconocibles los restos de estos dos estudiantes ejemplares del Tec de Monterrey, mediante la desfiguración de sus rostros, además de presentarlos ante la prensa como supuestos integrantes de Los Zetas.
En 2013 y 2014, ya con Enrique Peña Nieto en la presidencia, la masacre de Tlatlaya y de Iguala, son los hechos más visibles, pero la lista es larga y va desde otras masacres que han sido ocultadas, hasta cientos de detenciones ilegales de activistas en diversos puntos del país.
¿Qué sigue? Es una de las preguntas que ronda el país en estos días.
Si esta grave crisis de derechos humanos que se padece sigue creciendo, no es difícil llegar a la conclusión de que ésta se transformará, en algún momento, en una crisis social y política en la que miles de mexicanos agraviados entre 2006 y 2014 podrían hacer algo más inteligente y organizado que incendiar la puerta del abandonado Palacio Nacional.
(Diego Osorno)
