Un arresto ilegal, un inocente en prisión, la violación de las garantías de un detenido son temas que apenas ocupan la atención de la opinión pública.
¿A quién le sorprende que haya arrestos ilegales, en los que se te impide hablar con un abogado o no se te dice de qué se te acusa, o en el que te encarcelan sin que haya una sola prueba en tu contra?
Pero hace tres días se presentó un caso que no podemos dejar pasar, el arresto de Paulo Díez, abogado de la empresa Infraiber.
Trato de simplificar el trabajo de esta empresa: cuentan el número de autos que usan una autopista, dato clave si tomamos en cuenta que éstas son construidas por empresas privadas, que cobran una cantidad de dinero por cada auto que las usa.
Es simple. Su trabajo puede costarle millones de pesos a las arcas públicas o a una empresa, dependiendo de la precisión de su trabajo.
A eso se dedica Infraiber. O, para ser más precisos, a eso debería dedicarse, porque la empresa lleva ya más de dos años con un pleito legal con OHL, la empresa constructora del Circuito Mexiquense, porque en esta autopista no se ha podido instalar este sistema de medición.
Imaginen la consecuencia: la propia constructora, que gana dinero por el número de autos que usan la autopista, es la que cuenta el número de vehículos.
Paralelamente a esta disputa legal, se han hecho públicas una decena de grabaciones que han permitido conocer la “estrecha” relación entre funcionarios públicos y OHL. Tan estrecha que permite suponer que hay una abierta complicidad para impedir este monitoreo y permitirle a la empresa ganar más dinero. Hablamos, por ejemplo, del secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal acordando estrategias conjuntas con OHL en contra de Infraiber.
En OHL están convencidos de que las grabaciones las ha filtrado Infraiber, pero hasta el momento no han presentado pruebas.
OHL puede estar tranquila. Ninguna de estas grabaciones ha cambiado la política pública sobre el tema, no hay ninguna investigación abierta y los funcionarios han conservado sus cargos.
¿Y qué ha ocurrido en cambio? Paulo Díez fue detenido. El pretexto: el abogado de Infraiber supuestamente traía un arma, sin permiso, que mágicamente apareció en su auto.
En los dos primeros días del arresto, además, a Díez se le negó el acceso a un abogado, no se le informó por qué estaba detenido y no se ha probado que el arma sea suya. Pero qué importa, cuando el objetivo es “darle un escarmiento”.
El caso no deja lugar a dudas: Una dependencia pública que pone un aparato de justicia al servicio de una empresa acusada de corrupción, contra la cual además no se ha hecho nada.
Así de grave.
¿Lo tomamos como un mensaje para cualquiera que denuncie? ¿Es un aviso de que no te puedes meter con el poder?
Por eso creo que el caso no puede ser uno más. Revela, como pocos, la colusión entre funcionarios y empresarios para defraudar y, de paso, impedir que alguien los denuncie. No podemos simplemente olvidar a Paulo Díez.
