La semana pasada narraba el caso de un arresto ilegal, que dejaba en claro cómo se ponía a la PGR al servicio de una empresa privada.
Cuando el texto salió publicado, el detenido ya había sido liberado gracias al pago de una fianza, por lo que cualquiera podría haber supuesto que no valía la pena insistir en el tema.
Me equivoqué.
Cada día que ha pasado desde ese arresto, tenemos nuevos elementos para demostrar que la PGR se ha puesto al servicio de una empresa, la constructora OHL, acusada de corrupción y de tener contubernio con autoridades federales.
Pero vamos por partes. ¿Recuerdan el caso? El abogado de la empresa Infraiber fue detenido por elementos de la PGR para que declarara en una investigación sobre espionaje en contra de otra empresa, OHL, con la que tiene una fuerte disputa legal.
La primera irregularidad fue la detención misma, porque sólo estaba citado para declarar y no como presunto responsable. Pero bueno…
Ya detenido, mágicamente apareció un arma calibre 38 en su auto y, con ese pretexto, se le abrió una averiguación previa. Dos días después fue liberado “bajo caución”. Ahí va el segundo elemento preocupante: no fue exonerado. Sobre ese abogado, llamado Paulo Diez, pende la amenaza de que en cualquier momento puede ser nuevamente detenido.
Paulo, por supuesto, negó que el arma fuera suya. Y no queda duda de que decía la verdad. Este lunes se difundió un video en el que se ve a un agente sembrando el arma en el auto
El video es francamente aterrador: un grupo de agentes distrae al abogado, mientras otro abre la puerta del auto y mete el arma. Si no hubiera grabación, podía costarle la cárcel.
¿Y a poco creen que es todo?
Como OHL denunció que ha sido víctima de espionaje y cree que la empresa en la que trabaja Paulo Diez es la responsable, la PGR mandó a 30 agentes a catear las oficinas, una eficiencia nunca antes vista. Nunca.
La disputa entre OHL e Infraiber es compleja y lleva ya dos años. Hay mucho dinero de por medio, la concesión del Circuito Mexiquense y denuncias de corrupción de funcionarios públicos (sobre las que, por cierto, no ha pasado nada). OHL habla de extorsión e Infraiber de corrupción. Ya se ha publicado mucho del tema, pero intencionalmente eludo darles mi opinión sobre el caso. En otro contexto diríamos “que decida un juez”.
Pero ¿cómo creer que habrá un juicio justo? Lo ocurrido esta semana no deja lugar a dudas: el gobierno federal no tiene ningún interés en esclarecer el caso. Lo que quiere es hundir a quienes denunciaron corrupción.
Y la orden es: señores de OHL, tranquilos, la PGR los respalda. Ya verán esos revoltosos.
