Supongo que debemos tomar como una “buena señal” que el ahora excontralor del gobierno capitalino sea el nuevo jefe de la policía. Llega alguien acostumbrado a vigilar, a basar su trabajo en el derecho y a transparentar procesos, según se ofrece.
Sus primeras entrevistas tampoco estuvieron mal: ofreció capacitar a los policías, particularmente en materia de derechos humanos, desarrollar protocolos para su actuación y respetar el derecho a manifestarse.
¿Todos contentos? No.
Hace dos años, cuando Jesús Rodríguez Almeida fue designado también creímos que era una buena señal.
No sólo eso: en sus primeras declaraciones, dijo que aspiraba a tener una policía eficiente, cuya actuación estuviera apegada a derecho y que respetara los derechos humanos. ¿Les suena?
Lo cierto es que si revisamos lo que ha sucedido en los dos últimos años, está claro que el gobierno capitalino nos debe mucho más que “señales”.
Podemos empezar por el ahora exjefe de la policía, Jesús Rodríguez Almeida. ¿Por qué se fue? No sabemos. Miguel Ángel Mancera ha declarado que “terminó su ciclo”. ¿Eso que significa?
¿Habrá salido por la actuación de sus policías en las últimas marchas? ¿Por las detenciones irregulares y los golpes? ¿Por sus desafortunadas declaraciones? No sabemos. Sólo hay un “terminó su ciclo”.
Por tanto, no sabemos qué evaluación hace el jefe de Gobierno sobre Rodríguez Almeida. ¿Lo corrió? ¿Le renunció? ¿Avala sus dichos y su actuación?
Las respuestas a estas preguntas son clave, porque podría ser el primer paso para la reconstrucción de la Secretaría de Seguridad Pública y el desarrollo de una nueva política pública.
¿Cuál es la evaluación que hace Miguel Ángel Mancera de su exjefe de policía?
Quisiera pensar que, sobre la base de tal evaluación, en los próximos días se presentará una programa para combatir la corrupción en la policía capitalina. Con plazos, objetivos y con la posibilidad de que haya una verificación ciudadana e independiente que nos diga cómo van.
También habría que esperar que nos definan qué significa que “ahora sí” van a respetarse los derechos humanos y el derecho a manifestarse. La promesa de desarrollar protocolos para la actuación de cuerpos como los granaderos la hemos escuchado al menos los últimos cinco años. Y no se ve ningún avance.
Tampoco hay en este tema ningún margen para que ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil verifiquen esta labor.
Por eso, creo yo, más allá de que nos guste o no el nuevo jefe policiaco, un perfil o una declaración no son suficientes para renovar la esperanza. No podemos quedarnos en un “ojalá éste si sea bueno”.
La exigencia es la misma: políticas públicas, mecanismos para la verificación ciudadana y, por supuesto, hechos.
Con Rodríguez Almeida se fracasó. ¿Vamos a seguir en la misma línea?
