Desde el mismo viernes pasado, el día en que ocurrió la balacera en un rancho de Tanhuato, Michoacán, en las redes sociales se filtraron tres, cuatro fotografías donde se miran algunos cadáveres de quienes la Policía Federal dice son sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG, para abreviar). En las fotos, pareciera que los muertos buscaron más cómo protegerse que atacar. Están descalzos y semidesnudos. De una foto a otra, desaparecen objetos de la escena del crimen y a los supuestos delincuentes les aparecen armas a un costado. Los reportes de algunos colegas que andan en Tanhuato, hablan de que podría tratarse de una masacre. Familiares de los asesinados han empezado a decir que eran albañiles y cuidadores, no narcos. Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de seguridad, y Enrique Galindo, de la Policía Federal, anduvieron ayer en un road show de medios para jurar y perjurar que no hubo ninguna ejecución como se ha insinuado, que fue un enfrentamiento donde ganaron los buenos. De hecho, Galindo demostró que los tres detenidos son sicarios porque tienen tatuajes. Válgame dios.
Rubido y Galindo trabajan para un gobierno que ha perdido toda credibilidad desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un gobierno que, en junio de 2014, ocultó que militares mataron a 22 presuntos pistoleros en Tlatlaya, Estado de México. Un gobierno que permitió, a principios de este año, que soldados y federales tomaran Apatzingán y asesinaran a 16 personas desarmadas, casi todas relacionadas con Los Viagras, un grupo de narcos que, al igual que el CJNG y los Templarios, se infiltró en las autodefensas de Michoacán. Es, también, un gobierno que no ha dicho nada sobre el enfrentamiento entre fuerzas rurales de La Ruana, ocurrido en diciembre pasado y que, según testigos, fue la Gendarmería la que disparó primero. Ahí hubo once muertos.
¿Estamos frente a una política no reconocida de exterminio? ¿Es preferible matar a los delincuentes que arrestarlos y enjuiciarlos? ¿Lo de Tanhuato fue una venganza por el derribo del helicóptero, el 1 de mayo pasado, cuando militares y federales iban tras Nemesio Oseguera, el Mencho, el líder del CJNG? ¿Por qué parientes de los 42 muertos, al momento de ir a identificar los cadáveres, dijeron que unos no tenían los dientes frontales, como si los hubieran golpeado?, ¿los torturaron? ¿Suena lógico que sólo hayan decomisado 38 armas, un fusil y un lanza granadas?, ¿menos armamento que sicarios?, ¿no se supone que el CJNG tiene fama de andar armado hasta los dientes? ¿Sólo un federal muerto? ¿No hay algún video que aclare tantas dudas? (hay uno, grabado por un agente, que fue subido a Youtube; según esto les están disparando, pero no se ve nada).
No intento defender a los criminales. El problema de esta nueva matazón son las ejecuciones extrajudiciales que se han vuelto una costumbre en el gobierno de Peña Nieto. ¿Dónde está el Estado de derecho? Hoy, militares, marinos y federales parecen tener el permiso para matar a su albedrío. Ese, y nunca está de más recordarlo, es el nuevo PRI.
( Alejandro Almazán)
