Setenta y dos migrantes de diversos países que viajaban por México rumbo a Estados Unidos, fueron secuestrados y asesinados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas; entre abril y mayo del año siguiente, en las profundidades de la tierra de ese mismo pueblo del noreste mexicano cercano a la frontera con Texas, se descubrieron 47 fosas en las que yacían clandestinamente los cuerpos de por lo menos 193 hombres y mujeres. Al año siguiente, en mayo de 2012, no muy lejos de San Fernando, los restos de 49 personas fueron lanzados sobre una carretera de Cadereyta, Nuevo León.
Estas son tres de las principales masacres ocurridas en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, durante el cual se violaron masivamente los derechos humanos y se cometieron delitos de lesa humanidad que no han sido investigados a fondo por las autoridades judiciales. En nuestra región, para muchos ciudadanos, el dolor ante estas atrocidades será un dolor infinito, sin embargo, en su momento, dichos acontecimientos no provocaron solo miedo sino terror entre los ciudadanos. Así es: el terrorismo apareció en nuestras ciudades y pueblos, sin que hasta la fecha tengamos realmente claro cómo y por qué sucedió.
A lo largo de los últimos tres años, grupos de la sociedad civil como Artículo 19 y Fundación para la Justicia han recorrido laberínticos caminos de la burocracia legal mexicana buscando abrir los expedientes oficiales sobre estas tragedias y así arrojar una poca de luz donde ahora solo hay un paisaje de sombras. Agotadas las posibilidades en el Instituto Federal de Acceso a la Información y la Procuraduría General de la República, la decisión está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá analizar y resolver el caso antes de que acabe 2014.
¿Es humano instalar ejércitos de personal y maquinaria industrial encima de una tierra en la que acaban de suceder matanzas no esclarecidas?, ¿es ética una industrialización de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León sin antes haber encontrado a miles de personas secuestradas y quizá enterradas en fosas o incineradas en ranchos de la región? Estas son algunas de las preguntas importantes que rondan el futuro del noreste de México y de otras zonas del país en medio de la industrialización que se avecina como parte de la aplicación de la reforma energética.Estas y otras inquietudes surgieron el pasado viernes 22 de agosto en Monterrey, durante una reunión con una docena de defensores de derechos humanos de Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León que participaron en el Encuentro de Organizaciones que acompañan a Víctimas de Desaparición, convocado por la hermana Consuelo Morales, dirigente de CADHAC, asociación civil con un largo historial en la denuncia de la injusticias de la región.
Al final el consenso, fue claro: Primero la verdad, después el negocio.
(Continúa…)
