El pasado 20 de diciembre el pueblo de Tultepec, en el Estado de México, se convirtió en un infierno. El estallido del mercado de fuegos artificiales de San Pablito dejó más de 30 víctimas mortales (me temo que la cifra habrá subido para cuando usted lea estas líneas), más de un centenar de heridos y un largo listado de desaparecidos. Las autoridades aceptan que a muchas de las víctimas habrá que practicarles exámenes de ADN para reconocerlas y que, en más de algún caso, no habrá corroboración posible… Una tragedia con todos los agravantes, en fin. Pero que también tiene (o debería tener) explicaciones y responsables que estarían obligados a dar respuestas claras.
Tultepec es una localidad que presume de su relación con la pólvora. Hace más de 200 años que numerosas familias locales se dedican a la fabricación y venta de fuegos artificiales de toda clase, desde las “palomitas” y cohetes más sencillos hasta los “castillos”, “toritos” y petardos de pirotecnia especializada con los que se animan bodas, festejos y cumpleaños de todo tipo (en todas las clases sociales de este país, cabe anotar, hay una curiosa fascinación por los explosivos decorativos). Así, pues, mientras que en otras latitudes del país está prohibida la comercialización de pólvora (o, cuando menos hay necesidad, como han recordado varias notas periodísticas, de tener un permiso expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional para vender cohetes y “garbanzos”), en Tultepec, la pirotecnia es considerada una tradición con la que nadie tiene derecho a meterse.
LEE LA COLUMNA ANTERIOR DE ANTONIO ORTUÑO: QUIEREN MÁS SANGRE
El Estado de México, de hecho, apoya este giro y cuenta incluso con un Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi), cuya misión, según presumen sus directivos en su página web, es la siguiente: “Formulamos, controlamos y vigilamos las medidas de seguridad en las actividades de fabricación, uso, venta, transporte, almacenamiento y exhibición de artículos pirotécnicos […]”. Hace apenas una semana, el Imepi emitió un comunicado en el que se vanagloriaba de que el de San Pablito era “el mercado [de su tipo] más seguro en América Latina” y en el que, además, aseguraba que las medidas de seguridad instauradas después de su reinauguración (porque en 2006 otra explosión dejó el mercado convertido en cenizas) eran más que suficientes: “Los locales están perfectamente diseñados y con los espacios suficientes para que no se dé una conflagración en cadena en caso de un chispazo”.
Pues no, no sucedió así. San Pablito ardió y se llevó por delante todo lo que lo rodeaba. Más allá del apoyo inmediato que las autoridades de protección civil y salud deben dar a los afectados, queda un camino sembrado de dudas: ¿Si de verdad estaba todo tan bien, cómo es que se produjo el estallido? ¿Qué medidas de seguridad piensan tomar el Imepi y el gobierno del Estado de México para que no se repitan los hechos (además de la de 2006, San Pablito tiene una larga historia de siniestros)? ¿Quién va a ser responsabilizado por esas muertes, por esas quemaduras, por ese nuevo agravio?