Joaquín Guzmán Loera no sólo es uno de los máximos empresarios del mundo del narcotráfico. En especial durante el sexenio pasado, su “compañía” El Cártel de Sinaloa, estuvo involucrada en asedios a pueblos, ataques indiscriminados a ciudades, destrucción de bienes civiles, desapariciones forzadas, desplazamientos internos de personas, detenciones ilegales, secuestros, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de guerra.
Sin embargo, no es el único ni el principal responsable de ese lado tan doloroso y trágico de la historia reciente de México…
El último día que ocupó la Presidencia, Felipe Calderón Hinojosa realizó una serie de maniobras legales para que 425 miembros del Ejército, la Marina Armada y la Fuerza Aérea debieran protegerlo de por vida. Además impuso la creación de una nómina de 19 civiles que trabajan para él como asesores jurídicos, técnicos, políticos y de comunicación. Este desplante napoleónico con el que se despidió el anterior mandatario le costó al erario público casi 800 mil dólares en 2013. Y la cifra sigue aumentando en este 2014.
Sin embargo, también en este inicio de año, el expresidente Calderón parece acercarse al destino irremediable que le esperaba tras haber lanzado el país al abismo durante su gobierno. Y ese destino irremediable no es precisamente la Universidad de Harvard, donde ahora goza de una beca académica.
Tres acontecimientos de las semanas recientes agregan elementos importantes para que Calderón rinda cuentas, no solo ante la opinión pública, sino también ante los tribunales.
1- ¿Por qué su gobierno no detuvo a Joaquín Guzmán Loera?
Se trata de una pregunta pertinente tras la detención de Joaquín Guzmán Loera en pleno Sinaloa. Durante el gobierno de Calderón fueron prácticamente inexistentes los operativos especiales en esta región del noroeste. Sobre todo, en contraste con lo que sucedió en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua, a donde tropas de militares y federales arribaban regularmente para sitiar pueblos y ciudades enteras con el pretexto de combatir al narco. Al inicio de su administración, el ex presidente anunció que habría una guerra contra el crimen organizado. Seis años después de tomar esta decisión y haber aumentado los presupuestos de seguridad hasta el cielo, no fue detenido ninguno de los barones de la principal organización del narcotráfico en México: el Cártel de Sinaloa. Por el contrario, las únicas bajas o capturas de personajes de alto nivel en el mundo de la mafia, fueron de ex socios que se rebelaron del Cártel de Sinaloa y crearon sus propios grupos como Arturo Beltrán Leyva e Ignacio Coronel. Los otros objetivos de la llamada guerra del narco de Calderón fueron los líderes de Los Zetas, Los Caballeros Templarios (antes La Familia) y La Línea, grupos emergentes y peligrosos pero menos significativos, sobre todo en lo económico, en comparación con el Cártel de Sinaloa.
2- ¿Por qué un empresario cercano al PAN recibió los contratos más jugosos de la guerra del narco?
José Susumo Azano, un empresario tapatío que había hecho grandes negocios con administraciones estatales del PAN en Baja California y Jalisco, fue arrestado hace una semana por el FBI en California, por su participación en el financiamiento ilegal de algunas campañas políticas en Estados Unidos. Este hombre que entre 2010 y 2012 recibió sin licitación alguna de por medio contratos de más de 5 mil millones de pesos para dar servicios de tecnología de espionaje a la Secretaría de la Defensa Nacional, era un personaje cercano a Arturo Acosta Chaparro, el General preso por narco que Felipe Calderón liberó durante su mandato y puso a trabajar como su asesor hasta que fue asesinado. Una de las compañías beneficiadas de Susumo era Security Tracking Devices, SA, la cual supuestamente entregó a la sección Segunda del Ejército Mexicano equipo de alta tecnología para interceptar llamadas telefónicas. Pese a ello, fue el equipo de la DEA el que detectó la llamada satelital que hizo Joaquín Guzmán Loera desde Mazatlán.
3- ¿Por qué se permitió que ocurrieran crímenes contra la humanidad en el noreste de México?
A finales de enero de este año, una suprocuraduría de Coahuila creada para investigar las desapariciones forzadas en la entidad se convirtió en la primera instancia oficial en realizar trabajo de campo sistemático en casas, cárceles y ranchos en los que se presume la desaparición masiva de decenas de personas mediante procesos de incineración clandestinos ocurridos entre 2010 y 2012. En ese periodo, pueblos del noreste mexicano cercanos a la frontera como Allende, Coahuila,fueron tomados y aniquilados durante semanas enteras sin que las fuerzas armadas enviadas a la zona por el gobierno de Calderón intervinieran. Aún después de ocurridos estos hechos y de haber sido denunciados en la Ciudad de México, la administración de Calderón no investigó ni hizo nada relevante para esclarecer estas masacres. Al contrario, hubo funcionarios que hicieron todo lo posible para que estas atrocidades no salieran a la luz pública.
A siete años de que un presidente se pusiera la casaca y la boina militar para hacerse retratar en una base militar de Michoacán delante de 4 mil soldados, queda claro que la supuesta guerra contra el narco no era más que la continuación del narcotráfico con otros medios (la necropolítica). Fue una lógica económica y política la que impuso el esquema durante el gobierno de Felipe Calderón. Así aumentaron las ganancias de todos: el Cártel de Sinaloa creció aún más y Los Zetas, un grupo emergente y de corte regional, entró de lleno al mercado. Y sin aquella guerra del narco, los presupuestos de las fuerzas armadas y de las áreas de seguridad pública nunca hubieran aumentado de esta forma y contratos millonarios como los de José Susumo Azano no hubieran tenido cabida nunca.
Quizá tampoco masacres como la de Allende, Coahuila.
Joaquín Guzmán Loera y José Susumo Azano están rindiendo cuentas ahora. Felipe Calderón, con todo y su batallón, tendrá que hacer lo mismo algún día.
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