La sentencia emitida en el 2010 por la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos en el caso Citizens United vs. Federal Electoral Comission orilló a ese país a una plutocracia cuasi absoluta. En su libro Por el bien del imperio, Josep Fontana calcula que los Comités de Acción Política (Super PACs), que utilizan la facultad que la sentencia anteriormente referida le brinda a corporaciones privadas de aportar dinero ilimitado a campañas electorales norteamericanas, destinaron 1 875 millones de dólares repartidos en ambos partidos (Republicano y Demócrata). Hoy en día quien quiera aspirar a una candidatura por algún puesto de elección popular debe comenzar su carrera ganándose el favor de los donantes.
LEE LA COLUMNA ANTERIOR: Tele-visión
Los “donativos” provienen de las fortunas más acaudaladas del país. Evidentemente los empresarios perciben estos gastos millonarios como una inversión. El lobby que se practica en Washington (la presión que las corporaciones y los intereses particulares ejercen sobre los hacedores de leyes) ha alcanzado proporciones inimaginables. En un artículo publicado en el diario El País, Joan Ridao Martin brinda datos del Center for Responsive Politics que muestran que 30 de las empresas más grandes de los Estados Unidos, emplean hasta 800 personas que se dedican a intentar modificar legislaciones para reducir el pago de impuestos o limitar la interferencia gubernamental en sectores comerciales. Un ejemplo paradigmático recae en la industria alimenticia donde Michelle Obama fue silenciada por grandes consorcios en su intento por contener el brutal problema de obesidad que padece nuestro vecino del norte. El trabajo invisible que realizan los lobistas en los Estados Unidos está directamente vinculado con el gasto de las campañas electorales: todos los candidatos, todas las candidatas que llegan a un puesto de elección popular lo hacen con una inmensa deuda a cuestas.
En nuestro país las elecciones también se ganan a través de la utilización de obscenas cantidades de dinero. Y no me refiero a los de por sí exorbitantes presupuestos que gozan los partidos políticos sino a las inyecciones ilegales de dinero por parte del gobierno, de corporaciones privadas o del crimen organizado (triada cada vez más difícil de distinguir entre sí) para favorecer a determinados partidos políticos. Cuando la oposición logró arrebatarle al PRI territorios, no instrumentó prácticas políticas diferentes a las del partido tricolor sintetizadas a la perfección en la frase de Hank que sentencia: “un político pobre es un pobre político”. Hoy los partidos políticos son casi indistinguibles. Ante el caos y el derrumbe social, político y económico del país, los representantes en prácticamente todos los niveles de gobierno han apostado por cerrar filas en torno a un sistema político basado en una cínica cleptocracia que ya ni siquiera se preocupa por guardar las apariencias. Las campañas electorales son uno de los periodos más aciagos en la vida pública del país por la nitidez con la que reflejan la podredumbre que campa en nuestro sistema político.
(Diego Rabasa)
