En agosto de 2012, cuando Emilio Álvarez Icaza apenas se instalaba en su oficina de Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), me contó que el fin de semana que había llegado con su familia a su nueva casa en Arlington, Virginia -un pueblo separado de Washington D.C. apenas por el río Potomac-, sus vecinos tocaron a la puerta para presentarse y decirle que estaban ahí por si él y su familia necesitaban algo. “Cuando uno tiene un problema en casa, también es así: va con el de al lado y le pide ayuda. ¿Oye, tú tienes luz?”. La metáfora servía para explicar la importancia de un ejercicio ciudadano épico como la caravana de víctimas mexicanas de “la guerra del narco”, encabezada por Javier Sicilia, quien en aquel año cruzó Estados Unidos de costa a costa para denunciar la crisis humanitaria del país.
Esta metáfora de la vecindad solidaria sirve por igual para entender el contexto en el que la CIDH, junto con el gobierno de México, creó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para encarar el enorme reto que tienen el Estado y la sociedad mexicana ante la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de quienes hasta ahora sólo tenemos plena certeza de que fueron atacados y detenidos por agentes del Estado una noche aciaga de septiembre de 2014. El hecho de que México recibiera ayuda internacional para esta investigación representaba un ejercicio de apertura sin precedentes en nuestro sistema político y abría la puerta para que otras miles de víctimas pudieran tener un referente concreto de verdad y justicia.
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Sin embargo, al interior del gobierno federal, finalmente predominaron el autoritarismo y las complicidades que torpedearon al GIEI de manera constante durante su año de trabajo. Con su negativa a mantener la presencia del grupo de expertos extranjeros, el gobierno ha mandado un lamentable mensaje no sólo de abandono a las víctimas, sino también de posible encubrimiento criminal. La red de políticos, policías, militares y empresarios que han usufructuado este periodo oscuro del país es la única contenta con el fin de la cooperación internacional independiente.
Ante esta nueva muestra de cerrazón oficial, las familias de los estudiantes de Ayotzinapa y de las otras miles de víctimas, quedan aún más vulnerables. La brecha de desconfianza ciudadana con las autoridades seguirá abriéndose y tendrán que ser otros espacios no oficiales los que ayuden a encontrar la verdad y la justicia pendientes. En este proceso será interesante conocer la participación que tendrá Emilio Álvarez Icaza, quien pronto volverá a México, tras dejar su cargo en la CIDH, así como su casa junto al Potomac.
