Oaxaca es uno de los estados que el próximo 5 de junio elegirá gobernador. Los comicios transcurrirán en un marco de protestas por la implementación de una reforma legislativa a la que se opone la mayoría de los maestros locales organizados en un sindicato que cuenta con una democracia interna superior a la de muchos otros del país. Justo hace 10 años, en un contexto electoral y ante una arbitraria decisión del poder ejecutivo, se desató una crisis política y social que se ha extendido al día de hoy.
A unos días de la jornada electoral, resulta ominoso el silencio que han tenido los candidatos a la gubernatura Alejandro Murat, Estefan Garfias, Benjamín Robles y Salomón Jara en torno al conflicto que marca la historia reciente del estado que buscan gobernar. Hasta el día de hoy no sabemos cuáles son sus ideas en torno a la resolución de esta crisis que inició en 2006 y que representó el paradigma del autoritarismo del Estado mexicano actual. Por ello es que, en Oaxaca, la clase política está por celebrar la elección del olvido.
LEE LA COLUMNA ANTERIOR DE DIEGO E. OSORNO: LA CORRUPCIÓN NORTEÑA
Comparto unas reflexiones elaboradas en el contexto del trabajo de la Comisión de la Verdad de Oaxaca sobre los hechos de 2006 y 2007, con el fin de abordar la idea de que esta elección no solamente es importante para los oaxaqueños, sino para el resto del país, por estar sobre la mesa un acumulado caudal de corrupción y autoritarismo, los dos principales lastres que padece el régimen político actual.
1- Analistas como Jesús Silva Herzog Márquez y María Amparo Casar han caracterizado a México como un Estado que cuenta con una estructura política y jurídica que permite la violación constante y continua de los derechos fundamentales de su población. Esto responde a que el sistema político se ha desarrollado con un sinnúmero de elementos particulares alrededor del poder ejecutivo, poniéndolo como centro del sistema. Ello ha generado corrupción, impunidad, privilegios, uso patrimonial de los cargos públicos, corporativismo y clientelismo durante más de 70 años. Si bien es cierto que en el año 2000 hubo cambio de partido en el poder, ello no significó una transición ni un cambio de cultura política, lo que sucedió fue que esa cultura y los beneficios que de ella se derivan dejaron de concentrarse en un sólo partido y se repartieron entre varios. Eso mismo aplica a la alternancia acontecida en Oaxaca en el año 2010.
2- Bajo este marco, Oaxaca, uno de los estados con los peores indicadores de desarrollo humano, vivió en 2006 la irrupción de un movimiento social que inició con las demandas del magisterio para luego convertirse en catalizador de la inconformidad de amplios sectores de la población oaxaqueña en contra de un gobernador perteneciente al régimen político que en ese entonces acumulaba 78 años consecutivos de hegemonía en Oaxaca.
3- Cuando el PRI dejó la Presidencia de la República en el año 2000, se supuso que entre las reglas del sistema político que habían dejado de operar estaba la destrucción violenta de los movimientos sociales. El triunfo de la resistencia de comuneros de San Salvador Atenco a la expropiación de sus tierras, y la marcha del EZLN a la ciudad de México en los inicios del nuevo gobierno presidido por el PAN, parecieron confirmar que efectivamente el cambio político en México incluía la aceptación del pluralismo, no solo en el campo de los partidos: también en el de los movimientos sociales. Sin embargo, lo acontecido en Oaxaca mostró que las antiguas reglas del juego político estaban lejos de desaparecer y, por el contrario, el federalismo proclamado por el nuevo presidente derivó en el fortalecimiento del autoritarismo en algunos estados del país.
4- A la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca -el nombre que tuvo el movimiento social surgido en 2006-, las autoridades estatales y federales, y los poderes fácticos, le toleraron sus actividades por un tiempo demasiado largo para los estándares del pasado, aunque desde el inicio emplearon en su contra muchos de los instrumentos ilegales ya conocidos y al final la reprimieron a la antigua usanza: con ferocidad e impunidad. Para preservar el poder, el aparato gubernamental recurrió a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y otras violaciones graves a los derechos humanos. La represión generalizada respondió a una serie de planes estratégicos en los cuales participaron grupos armados ilegales creados por los propios cuerpos de seguridad pública estatal, así como también, en momentos clave del conflicto, el Ejército y la Marina. Así lo explicó Bertha Muñoz, una activa participante del Movimiento:
“Voy a ser franca: yo creo que no nos esperábamos esa respuesta tan violenta por parte del Estado, puesto que nuestro movimiento es pacífico. Nosotros en ningún momento llamamos a la violencia. Sí que se hacían las marchas, los plantones, los bloqueos y desde luego que eso es molesto, pero también era molesto para nosotros, porque tampoco nosotros podíamos pasar. Que nadie se olvide nada más que esto se hizo porque no nos dejaron otra opción”.
5- En el Informe Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca, se hace el esfuerzo de dar cuenta de las causas, motivos, modos, y circunstancias que rodearon las violaciones a los derechos humanos y/o probables delitos en contra de personas vinculadas al movimiento social ocurrido en el estado de Oaxaca durante los años 2006 y 2007. El 14 de junio de 2006 es la fecha que marca un antes y un después no solo para Oaxaca, sino para todo México. Desde aquella represión brutal a la libre manifestación en el zócalo oaxaqueño hasta la actualidad, a lo largo de México se despliega una línea continua de impunidad y dolor, a la par de una resistencia persistente que, por supuesto, trasciende lo electoral.
