Recuerdo la casa de interés social donde vive la familia Segovia sumida en un silencio de medianoche que, como quiera, zumba en los oídos. Las horas siguientes a la masacre de 16 jóvenes ocurrida en su colonia Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, pasan como tiempo embrujado. Abundan leyendas populares y mentiras oficiales sobre lo sucedido, mientras escasea la información dura y concluyente.
Es el 1 de febrero de 2010. En un rincón de la sala de los Segovia, junto a una cortina roja con detalles blancos y acomodado de tal forma que parece un mueble instalado ya hace tiempo cerca de la mesa de madera y el viejo sillón, está un ataúd negro entregado por el gobierno municipal de Ciudad Juárez a los familiares de Jesús Armando Segovia, chico de 15 años que cursaba el tercer año de una secundaria técnica.
Los cuerpos de los otros jovencitos que también fueron masacrados han ido llegando a esta calle popular hace unas horas, embalsamados y acostados en féretros relucientes por fuera, los cuales fueron donados por la administración local encabezada por el PRI. Quizá el de Ciudad Juárez es el ayuntamiento de todo México que ha entregado más féretros en la historia a sus ciudadanos.
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“Para la otra semana hay que ponerse a checar cuánto ha gastado el municipio en ataúdes y de qué partida está sacando ese dinero”, bromea, con cierto tono macabro, uno de los reporteros locales que también está presente en los funerales de la calle Villas del Portal. El acto de gobernar en esta ciudad —en 2010, una de las ciudades más violentas del mundo— implica regalar ataúdes. Y como todo gasto público, la prensa debe vigilar que éste se haga sin corrupción de por medio. “El colmo de esto sería que alguien del municipio esté haciendo negocio con los ataúdes. Y no lo dudes”, concluye el colega.
Tras la masacre del fin de semana, el alcalde convocó a una conferencia de prensa para hacer un anuncio importante: su gobierno se encargaría de comprar ataúdes para los fallecidos. También dijo que habría atención psicológica para los deudos. He ahí, en la psicología, otra de las industrias en crecimiento en esta ciudad colapsada por la violencia.
Jesús Armando tenía 15 años y le decían “Pelón”. Fue asesinado mientras bailaba con amigos a cinco casas de donde ahora es velado. Afuera de la casa, sentadas en la defensa delantera de una camioneta, una viejecita y otra mujer, familiares del chico, rompen el silencio nocturno y de duelo para reclamarle al entonces presidente Felipe Calderón, quien andaba de gira por Japón.
“Él bien a gusto paseándose quien sabe en dónde, que haga algo, que haga justicia, es lo que estamos pidiendo. Justicia. La palabra justicia. ¡Ya! Que haga algo. ¿Por qué tanto sufrimiento?, ¿por qué tantas muertes y todo lo que están haciendo? No se vale. Que ya se levante, que no esté sentado nada más viendo lo que está pasando. ¡Ya!”, dicen entre lágrimas la más joven.
La otra mujer, una ancianita que se protege con un chal en la cabeza del frío de febrero, habla sobre su nieto Jesús Armando. “Era un estudiante que no podemos saber ni que era”, grita delante de unas cámaras de video que se han acercado a grabarla. “Es que ya lo que queremos es que haya una justicia buena”, dice, haciendo aspavientos con los brazos, como preguntando al aire de esa madrugada triste si alguna vez sucederá.
A seis años de haber ido a aquel funeral de barrio, me he enterado apenas que la abuelita de Jesús Armando falleció. Se fue sin ver que este país pudiera desterrar de una vez por todas la mala justicia que lo asfixia.
