México pareció despertar en 2017 como un volcán y no como el cráter de una larga ignominia. La decisión del gobierno federal de aumentar el precio de la gasolina y no dar explicaciones claras y suficientes de su fundamento se convirtió en una tragedia griega: entre más quieran justificarlo, empeorará la situación.

Este rito involuntario emprendido por el gobierno de Enrique Peña Nieto acabará en una catarsis en las calles este año, o en las urnas el siguiente. Uno de los lugares del país en el que ha sido notorio el malestar social es Nuevo León. ¿Por qué un estado con una sociedad históricamente despolitizada está hoy a la vanguardia de la resistencia nacional?

Nuevo León atraviesa desde 2015 un interesante e incipiente proceso de politización. Ese año, contra todo pronóstico, ganó la gubernatura un candidato independiente duplicando en votación al PRI y el PAN, los partidos que habían gobernado antes. Una vez que asumió el cargo, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón cometió diversos tropiezos, como incumplir con el cobro de la tenencia. Sin embargo, su figura de mandatario independiente alentó el proceso de politización de una sociedad acostumbrada a tener en un altar al titular del poder Ejecutivo.

Por su naturaleza independiente, El Bronco no tiene ninguna representación en el Congreso local, donde los diputados se han vuelto más independientes que nunca: ya no son rémoras del gobernador en turno, sino un contrapeso real y constante de las decisiones del mandatario actual. Lo mismo sucede con el poder Judicial, que a diferencia de antaño, ahora goza de mayor autonomía. Otro poder que ha recobrado su perspectiva crítica es el de los medios de comunicación, en especial las televisoras, que tras no recibir mil millones de pesos anuales en contratos oficiales, son de nuevo un contrapeso que cuestiona prácticamente todas las acciones del gobernador. Aunado a ello, desde antes del gasolinazo, se han registrado protestas y marchas ciudadanas en las calles de la ciudad cuestionando diversas políticas estatales y federales, como la supuesta reforma educativa.

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De esta forma, Nuevo León ha vivido desde 2015 hasta la fecha un conflicto político permanente que ha resultado sano para su vida democrática, la cual ahora tiene como resultado un mayor involucramiento y participación de la sociedad local en la discusión de los asuntos públicos. Un ejemplo de esta rendición de cuentas más exhaustiva que hay ahora es el cobro de la tenencia: en campaña, El Bronco prometió eliminar este impuesto de automóviles, pero una vez que llegó el cargo y se dio cuenta de lo desastroso que sería para su administración, anunció públicamente que daría reversa a la promesa. Inició así una intensa campaña explicativa en redes sociales, en eventos públicos y, por supuesto, en el Congreso, argumentando el porqué de dicha decisión. Esta campaña duró casi dos meses y le costó bastante popularidad al mandatario, quien finalmente debió reducir al máximo posible el cobro del impuesto y prometer que ahora sí lo eliminaría el siguiente año.

Si comparamos esto con la manera en que el gobierno federal manejó el tema del gasolinazo encontramos una enorme diferencia. El presidente Peña Nieto prometió que las reformas energética y fiscal reducirían el costo de la gasolina a partir de 2016, luego, a través de un sorpresivo y confuso comunicado emitido en vacaciones navideñas, anunció que para 2017 aumentaría el precio hasta en un 20 por ciento. Mientras la sociedad procesaba la información y la molestia, el mandatario difundía imágenes junto al gobernador de Sinaloa, a bordo de un coche de golf. Por si fuera poco, cuando las protestas ya habían empezado en diversos puntos del país, el presidente nombró como Canciller al autor intelectual del gasolinazo y luego terminó dando un discurso de regaño a los ciudadanos inconformes.

Tanto El Bronco como Peña Nieto tenían que tomar —justificadas o no— decisiones impopulares, sin embargo, el gobierno independiente de Nuevo León enfrentó antes una serie de contrapesos (legislativo, mediático, redes sociales, calle…) que el gobierno federal no tuvo ni ha tenido estos años. He ahí una de las claves detrás de la enorme indignación que existe en el país en contra de la administración federal.

Lo más preocupante es que el gobierno federal, confiado aún en su impunidad, ha lanzado una nebulosa de violencia y caos sobre las protestas contra el gasolinazo, buscando evitar que este detone, como ya está pasando lentamente en Nuevo León, en una democracia más participativa que la que hemos tenido los mexicanos en este primer cuarto del siglo XXI.