En el resumen ejecutivo de su informe ¡Ya Sabemos! No más impunidad en Oaxaca, la Comisión de la Verdad recomendó a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social que, como resultado de la profusa información que brinda el presente informe, se retomaran las indagatorias en contra del exgobernador de Oaxaca Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, el exsecretario de Gobierno Jorge Franco Vargas, la exprocuradora Rosa Lizbeth Caña Cadeza, el exdirector de Seguridad Pública José Manuel Vera Salinas y el exdirector de la Policía Ministerial Manuel Moreno Rivas así como demás integrantes de su gabinete y funcionarios municipales, especialmente los encargados de procuración de justicia y seguridad pública. Esto con el fin de que se finquen las responsabilidades penales por delitos y violaciones graves a los derechos humanos, en especial de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes que se detallan ampliamente en este informe.
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De acuerdo con lo que concluyó esta investigación, estos delitos cometidos no sólo son imprescriptibles, sino que, dadas las características de sistematicidad con que se cometieron, pueden constituir crímenes de lesa humanidad. En el documento se explica también que una de las principales medidas de reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos es el enjuiciamiento y sanción a los responsables, perpetradores y operadores de los crímenes cometidos.
Aunque se trató de una instancia del ámbito estatal, la Comisión de la Verdad también recomendó a la Procuraduría General de la República revisar las demandas penales dirigidas en contra de las administraciones federales, de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, por su responsabilidad en los hechos del conflicto social oaxaqueño. En el conflicto de Oaxaca, la intervención de fuerzas federales, la participación de las instancias de administración de justicia y la injerencia de los aparatos de inteligencia a nivel nacional fue una responsabilidad directa de estos dos expresidentes.
Asimismo, a la Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, revisar la actuación de los exfuncionarios federales Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Ardelio Vargas Fosado, señalados por las propias víctimas y actores en el conflicto social como responsables de dirigir las acciones represivas contra manifestantes en el Operativo Juárez de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006.
La lista de funcionarios involucrados es más larga aún, pero la encabeza el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. ¿Habrá justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno?
