A diario la gente miente para luego intentar convencernos de que el engaño que le hace salirse con la suya no es una manipulación intencionada, alevosa, que le da ventaja sobre las emociones de la persona afectada. Todos los días alguien cree que es conveniente mentir, sobornar, corromper, engañar, tergiversar los hechos.
A diario miles de personas sobreviven el abuso emocional causado por la aniquilación de la verdad. La intensidad de los efectos nocivos de una mentira está determinada por el objetivo que persigue el mentiroso. También juega un papel importante la relación de poder entre la persona que manipula o niega hechos reales y quien recibe esa mentira y se siente afectada porque otros intentan desestimar sus emociones e imponen una versión falsificadora de la historia.
Cuando un grupo de personas con poder político, jurídico, mediático y económico establece un acuerdo para imponer una narrativa basada en la falsificación de pruebas judiciales y ocultando a los responsables, causa un daño emocional profundo en los receptores de esa intencionada mentira. Las muestras más visibles de ese daño son las reacciones de incredulidad, rabia, ira, desesperación y rencor.
Históricamente los gobiernos municipales, estatales o federales que activan políticas de desaparición forzada de ciertos grupos sociales actúan exactamente de la misma forma: generan confusión, contaminan las investigaciones criminales, envían mensajes ambiguos, debilitan las estrategias derechohumanistas y utilizan al aparato mediático corrupto para criminalizar a las víctimas, desacreditar a sus familiares y agotar a quienes les acompañan en los procesos de búsqueda de verdad y justicia.
Gracias al grupo GIEI sabemos que hay hechos que son incontrovertibles sobre el caso Iguala: hubo al menos nueve ataques directos perpetrados por policías municipales y atestiguados por militares, policías estatales y federales. Uno de los ataques se dio frente al Palacio de Justicia, de allí “de- sapareció” un autobús (evidencia perdida). Hay 180 víctimas directas, la mayoría jóvenes y varios menores de edad, seis ejecutados extrajudicialmente, más de 40 heridos, 80 víctimas de persecución y atentados, más de 30 sufrieron ataques contra la vida, y 43 normalistas fueron detenidos y desaparecidos forzosamente. Además de policías municipales de Iguala y Cocula, quienes fueron los agresores directos, en dos escenas donde fueron detenidos y desaparecidos normalistas hubo presencia del Ejército, de policías federales y ministeriales mientras sucedían los hechos. Dicha presencia está registrada y documentada en el expediente de la PGR. Hay al menos 700 familiares directos de las víctimas que han tenido que enfrentar las consecuencias de los hechos, el impacto del dolor, miedo y maltrato de las autoridades.
A pesar del poder de quienes mienten, no podemos perder de vista que cientos de personas conocen la verdad, que es urgente dejar la ira atrás y retomar la fuerza para descubrir los hechos que podrán cambiar el rumbo de la historia de México. Hemos de aprender a desentrañar la verdad sobre las personas desaparecidas en México. La mentira no comenzó con Ayotzinapa, pero gracias al GIEI podemos aprender mejores prácticas de investigación para esclarecer los hechos desde diferentes ámbitos. Aun no hay verdad histórica, ésa apenas se escribe.
