Usted puede ser dueño de una empresa sin saberlo y esa empresa podría ser proveedora del gobierno y ganar millones de pesos, aunque usted no obtenga ninguna ganancia. Sí, usted.
Y todo esto sería “legal” (o casi).
Eso es lo que le ocurrió a medio centenar de veracruzanos, como está demostrado en el reportaje que publicamos esta semana en Animal Político. Estos veracruzanos aparecen en diferentes documentos como dueños de empresas, sin serlo.
Por eso digo: le podría pasar a usted. Porque lo único que se necesita es que alguien falsifique su firma en el acta constitutiva de una empresa y presente una copia de su credencial de elector. No necesitan ni avisarle.
En este reportaje demostramos que empresas fachada obtuvieron contratos millonarios por un total de 645 millones de pesos, a pesar de que sus domicilios fiscales son falsos y de que sus propietarios no son sus propietarios reales.
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Frente a estos datos, la única respuesta del gobierno de Javier Duarte ha sido que todo lo sucedido fue “legal”. Quizá tienen razón. Pero me queda claro que eso es lo que menos importa. Porque “legal” es, en este caso, la forma de decir que se cumplieron trámites administrativos, pero que nadie pudo ni quiso investigar si el dinero se estaba gastando bien.
Por eso mismo, debe subrayarse que lo más grave es que no hay una sola instancia gubernamental dispuesta a revisar que las compras de un gobierno se hagan con procedimientos transparentes. Y hay muchas dependencias supuestamente dedicadas a esto, en Veracruz y en todo el país: contralorías, contadurías en las cámaras de diputados, la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Auditoría Superior de la Federación, Función Pública y hasta la PGR. Hay complicidad, no freno a la corrupción.
Pero por qué habrían de hacerlo, si estas dependencias están encabezadas por funcionarios designados por las mismas personas que se supone deben vigilar.
Ese es el tema central.
El reto es construir un sistema de contralorías autónomas con funcionarios independientes, que sepan investigar y cuyas revelaciones provoquen sanciones.
El reportaje de Veracruz que publicamos comprueba que las contralorías simplemente no sirven. Que lo único que hacen es revisar algunos papeles y ver si se entregaron el número de fotocopias solicitadas. Urge cambiar, porque visto esto, no queda más que preguntarse quién nos puede defender frente al mal uso de los recursos públicos.
