¿Cómo podríamos llamar a un gobierno federal que ha decidido no hacer nada para enfrentar la corrupción de los gobernadores?
No hablo de reformas legislativas (al menos se aprobaron hace unos días, con omisiones y errores criticables, leyes para combatir la corrupción), sino de la decisión de frenar a los mandatarios que han hecho del presupuesto, su botín.
He escuchado a funcionarios explicar que la decisión presidencial es “respetar” el federalismo, asumir que si un gobernador fue electo por seis años, cumpla su encargo.
Una pobre explicación.
Se ha documentado que los gobernadores Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo) han gastado sin control y han desviado recursos. Y como han tenido bajo su dominio a congresos locales y a auditores, la impunidad parece garantizada.
Los dos gobernadores perdieron su elección hace dos semanas y ahora al menos tendrán la preocupación de que sus sucesores los investiguen, pero al mismo tiempo la tranquilidad de que el gobierno federal no moverá un dedo.
Es más, este gobierno ni siquiera parece dispuesto a frenar las últimas decisiones políticas de los mandatarios salientes para garantizar su impunidad. En Quintana Roo, Borge ha decidido incendiar su estado, porque se le ocurrió imponer a un auditor y a un procurador al nuevo mandatario. ¿No hay un secretario de Gobernación que, al menos, presione políticamente para frenar este despropósito?
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En Veracruz, operaciones fraudulentas para desaparecer unos 3 mil millones de pesos son defendidas por Javier Duarte con el argumento de que su contralor ya las revisó y, obvio, no encontró nada raro.
Este es un caso especial. El propio candidato del PRI a gobernador -que finalmente perdió la elección- ha dicho que le pidió al presidente Peña Nieto remover al gobernador, porque con él era imposible ganar. No se hizo nada. Ni siquiera por interés político.
Hablar de federalismo es, por lo menos, un despropósito, porque sólo se ha validado el saqueo de los recursos públicos. Hay formas de intervenir, que no tienen nada que ver con el autoritarismo del pasado. Había denuncias y debieron investigarse, el Senado pudo conocer los casos, se pudo pedir que las averiguaciones previas abiertas -gracias a las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación- llegaran a las últimas consecuencias.
No se hizo nada.
¿Esto ocurrió por miedo a las consecuencias políticas? Resultó peor, porque perdieron las elecciones. ¿O no se intervino porque el gobierno federal no tiene siquiera autoridad moral ni interés para sancionar corruptos?
Gobierno cómplice y miedoso.
