El domingo 25 de septiembre, un grupo de medios —entre los que está Animal Político— publicamos un reportaje sobre la liquidación que obtuvo el actual dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, al renunciar a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad.
De acuerdo a la información que obtuvimos, Ochoa Reza obtuvo un millón 200 mil pesos, equivalentes a nueve meses de salario, otorgables en cualquier otra empresa sólo a quien es despedido, y no a quien renuncia (https://www.animalpolitico.com/2016/09/ochoa-liquidacion-cfe/ ).
Un día después, el PRI tomó la decisión de quitarle sus derechos partidistas a Javier Duarte, gobernador de Veracruz, acusado de corrupción.
La cercanía de las dos fechas abrió la puerta para que Ochoa y algunos de sus voceros aseguraran que la fecha de la publicación del reportaje buscaba frenar el proceso contra Duarte.
Pero no. La vida es más simple.
Va la explicación:
La información llegó a la plataforma de Mexicoleaks, abierta para recibir documentos sobre presuntos actos de corrupción, protegiendo el nombre de la fuente, el jueves 15 de septiembre. El lunes 19, los reporteros ya estaban en la Junta de Conciliación y Arbitraje para corroborar su autenticidad.
Dos días después teníamos ya la información confirmada y una entrevista con un abogado laboral, que nos aseguró (como dice la nota) que la liquidación era ilegal. Ese día solicitamos una entrevista con el propio Ochoa para conocer su versión. Se realizó al día siguiente.
Es decir, el jueves por la tarde estaba todo listo.
Decidimos no publicar el viernes porque uno de los medios aliados, la revista Proceso, sale hasta el domingo. Y como es un trabajo en equipo, publicamos juntos.
Nada más. Así de simple.
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Si hubiéramos decidido posponer la publicación hasta que se decidiera la sanción a Duarte, sí hubiéramos usado políticamente la información. La publicamos cuando la tuvimos.
¿Quién envió la información? No lo sabemos. ¿Pudo ser algún veracruzano? Ni idea. La pregunta central debe ser, creo, si es cierta o falsa. Y es cierta. Lo que queda claro es que si vas a perseguir corruptos, debes revisar tus antecedentes.
Ochoa Reza también dijo que el procedimiento era legal. Dos abogados nos dijeron que no. Todo está consignado en la nota. Pero creo que la pregunta sigue siendo: ¿Si a ningún trabajador se le da liquidación cuando renuncia, por qué sí se le da a un director de la CFE, usando recursos públicos?
Esa pregunta sigue sin respuesta.
Y sobre eso del complot mediático, la respuesta es simple: no hay tal.