Es como para llorar: Sólo en lo que va de este sexenio, la Auditoría Superior de la Federación —máximo órgano responsable de vigilar el gasto público— ha presentado 543 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República por presuntos manejos irregulares de recursos públicos.
Ha denunciado a casi todas las secretarías de estado, a gobiernos estatales de todos los partidos y hasta algunos gobiernos municipales por posibles desvíos de recursos públicos, por daños patrimoniales, gastos innecesarios, obras públicas inacabadas, mal planeadas o con precios inflados, programas no concluidos…
Sólo en febrero pasado, cuando se presentó el informe de la Cuenta Pública, el Auditor habló de probables daños patrimoniales por 60 mil millones de pesos.
De ese tamaño es la corrupción y la ineficiencia de nuestros funcionarios públicos.
¿Cuántos funcionarios han sido detenidos por estas denuncias? Ni uno.
El caso Veracruz es de los que más han llamado la atención en estos días. Pero habría que insistir que la Auditoría Superior de la Federación —que encabeza Juan Manuel Portal— ya había presentado, en los últimos 5 años, 53 denuncias penales en contra de funcionarios del gobierno de Javier Duarte por quebrantos patrimoniales que ascienden a 35 mil millones de pesos. Es decir, ya nos lo había advertido: cuidado con Javier Duarte.
De nuevo la pregunta: ¿Cuántos funcionarios veracruzanos han sido detenidos a partir de los descubrimientos de la Auditoría? Ni uno.
LEE LA COLUMNA ANTERIOR DE DANIEL MORENO: VERACRUZ: NI CREAN QUE ES SUFICIENTE
Hoy Javier Duarte está prófugo y lo persigue la ley, pero no gracias a que estas denuncias se usaron para acusarlo, sino por culpa de lo revelado en investigaciones periodísticas.
Esto, evidentemente, no habla mal de la Auditoría Superior. Habla mal del sistema que hemos edificado para vigilar el uso de recursos y para combatir la corrupción. Habla de impunidad y del desprecio al trabajo de los contralores.
La Auditoría no sólo revisa el buen uso de los recursos públicos. También, por ejemplo, vigila si los programas públicos funcionan o si están duplicados. ¿Cuántos han sido modificados a partir de sus observaciones? Detecta además malas prácticas administrativas. ¿Ya se modificaron?
Juan Manuel Portal, con toda razón, podría decirnos a todos en los casos de corrupción e ineficiencia: se los dije y no me hicieron caso.
Sólo en el último año, la ASF ha denunciado a los gobiernos de Zacatecas, Morelos, Baja California Sur, Sinaloa y Guanajuato. ¿Habrá un nuevo “se los dije” para alguno de estos gobiernos estatales?
Algo está muy mal cuando tenemos un órgano responsable de auditar el gasto público, que hace su trabajo, pero al que no le hacemos caso. Al menos la PGR nos debería informar qué ha pasado con estos casos, en qué van las pesquisas, quiénes son los responsables.
Aprendamos del caso Duarte.