Confieso que creí que algo iba a provocar la publicación de la nota. Un debate público sobre el tema o al menos una petición en change.org que exigiera que las cosas no se queden como están. Pero no ocurrió.
Supongo que ha sido un año complicado, con muchas malas noticias y, peor aún, que ya no nos queda nada de nuestra capacidad para sorprendernos e indignarnos.
Sólo así me explico que se haya quedado como un tema menor que se pruebe que, en materia electoral, hacemos gastos absurdos e irregulares, sin ningún control y sin el ánimo de ahorrar recursos. O que los partidos políticos se aumentan los recursos públicos que pueden gastar, sin que nadie se oponga.
Van algunos datos:
– En sólo dos años, los partidos políticos se embolsaron cinco mil 700 millones de pesos extra a las cantidades millonarias que ya recibían. Ahora obtienen casi 10 mil millones de pesos al año. Esto es posible gracias a una reforma política que ellos mismos aprobaron.
– Sólo para dar una idea: en Oaxaca, uno de los estados más pobres del país, los partidos políticos reciben 130 millones de pesos anuales. En Veracruz recibían 71 millones y ahora se llevan 259 millones.
– Cada vez que hay elecciones, organizarlas cuesta el doble que en la ocasión anterior. ¿Hay alguna explicación para justificarlo? Ninguna. Va el peor ejemplo: en Michoacán hubo elecciones para gobernador en el 2011 y en 2015. La primera costó 7 millones de pesos, pero en la segunda se gastaron 31 millones. Por hacer exactamente lo mismo.
– Una urna (la caja de plástico donde metemos los votos) puede costar, en un estado, 48 pesos. Pero en otro cuesta 300 pesos. Y es la misma urna.
Y hay muchos más ejemplos de cómo gastamos sin control, que dejan en claro por qué éste es el único rubro de nuestra economía que no sufre ninguna sacudida si hay crisis.
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¿Debemos gastar tanto para sostener nuestra democracia? Por supuesto que no. Democracia no es sinónimo de tirar el dinero. Lo que falta son controles y reglas, impulsadas desde la sociedad civil, para terminar con esta forma de desperdiciar el dinero.
Esas reglas deben asentar topes a los gastos de partidos, sanciones a quienes hagan mal uso de él, denuncias públicas sobre cómo usan los partidos estos recursos públicos. Es obvio que los funcionarios que compran productos más caros deben ser sancionados.
Y los ciudadanos debemos exigir cuentas. Un partido debe ser castigado en las urnas si hace mal uso del dinero, si pide más o si no paga impuestos.
Lo peor es acostumbrarnos al mal uso de nuestro dinero y simplemente dejar que todo siga igual.