El recuento de lo que ha ocurrido en los últimos 15 años arroja un saldo de al menos medio centenar de muertos. Sólo del 2010 a la fecha hay información de seis incidentes graves.

Aun así, este martes volvió a estallar el mercado de Tultepec, Estado de México, y volvieron a llamarle “accidente”, como si la recurrencia no nos obligara a calificarlo de otra manera. También insistieron en culpar a los pobladores, como si la autoridad no tuviera responsabilidad.

¿Celebramos la rápida respuesta de Protección Civil? ¿Agradecemos a la Secretaría de la Defensa Nacional, que muy pronto ayudó a los heridos? ¿Nos quedamos tranquilos porque la PGR anunció una investigación?

Está bien. Supongo que no es el momento de hablar de corrupción o negligencia.

Basta ver que Eruviel Ávila, el gobernador del Estado de México, aprovechó la explosión para hacer una transmisión vía Facebook Live, dedicada a presumir las instalaciones de los hospitales de la zona.

También usó Twitter para decir que a su gobierno no debía culpársele de lo ocurrido, porque la regulación es federal.

El gobierno federal no se queda atrás. Su “rápida” respuesta ante la tragedia fue un tuit de Enrique Peña Nieto lamentando la explosión y enviando el pésame a los fallecidos.

LEE LA COLUMNA ANTERIOR DE DANIEL MORENO: QUÉ FORMA DE TIRAR EL DINERO

Me hubiera gustado leer algo sobre el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia y su responsabilidad en los hechos, porque su trabajo consiste en “formulamos, controlamos y vigilamos las medidas de seguridad en las actividades de fabricación, uso, venta, transporte, almacenamiento y exhibición de artículos pirotécnicos”.

Tampoco vi un comentario oficial sobre las declaraciones del director del Instituto, que calificó al mercado como el “más seguro” de América Latina.

No leímos nada de la responsabilidad de la Sedena en los hechos. Es esta secretaría la que da los permisos para la fabricación y venta de explosivos, incluidos los “artificios pirotécnicos”.

Es cierto que lo ocurrido en Tultepec nos debe obligar a repensar si la centenaria tradición de fabricar y vender fuegos artificiales puede continuar y si debemos, como país, ofrecerle a los habitantes de ese municipio otras alternativas de trabajo.

Pero sobre todo, debería obligarnos a revisar nuevamente la actuación de las autoridades y rechazar sus intentos por lavarse las manos. Los tres niveles de gobierno deben responder sobre su responsabilidad en los hechos. Son ellos quienes permiten las irregularidades, quienes ceden ante pobladores que no quieren regulación, quienes eluden la vigilancia.

Los muertos van a su cuenta.