¿Alguien llevará la cuenta de los hechos delictivos en los que está presuntamente involucrado Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz?
No solo hablamos de desvío de recursos públicos y enriquecimiento inexplicable. Como muchos saben, esta semana se agregaron temas francamente escandalosos como las supuestas quimioterapias a niños con medicinas inútiles o las pruebas de VIH falsas.
Y el tema no parece tener fin.
Pero en contraste con esto, hasta el momento la PGR solo persigue a Duarte por un caso, que involucra 250 millones de pesos, y por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Y ya.
Todavía peor: solo están señalados como cómplices un supuesto prestanombres, llamado Moisés Manzur, y 8 personas más, ninguno de los cuales fue colaborador cercano al exgobernador o funcionario, como si no hubiera tela de donde cortar.
Sorprende —en primer lugar— la inacción de las autoridades federales y su incapacidad para detener a Duarte, quien lleva tres meses prófugo. ¿Hay algún funcionario de la PGR investigado por esta fuga? ¿Debemos creer que simplemente “se peló”? ¿Fue ineficiencia o complicidad?
Pero las sorpresas no se pueden quedar ahí. No hay ninguna otra denuncia que haya derivado en nuevas consignaciones, a pesar de que se habla de desvíos por más de 3 mil millones de pesos, a pesar de que se han presentado y publicado pruebas suficientes.
Es decir, corremos el riesgo de que, si lo detienen y un juez considera —por cualquier motivo— que este único caso no está debidamente sustentado, Duarte quede libre.
Y hay más: ¿A poco Javier Duarte actuó solo? Porque ni sus exsecretarios de Finanzas —tuvo 4— ni sus directores de Comunicación Social —dos— ni nadie más está consignado.
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Los casos difundidos permiten suponer que las complicidades se extendieron a secretarías de Desarrollo Social o Educación, a funcionarios como el contralor, a dependencias como el Órgano de Fiscalización y a políticos de casi todos los partidos. Algunos de ellos tienen cargos público o despachan en la Cámara de Diputados, sin que nadie los persiga o al menos los cite a declarar.
Lo peor que nos puede pasar es que nos conformemos con que Javier Duarte termine en la cárcel.
Las complicidades de sus colaboradores exigen que también se les consigne. Incluso, es indispensable revisar las causas de la omisión de las autoridades federales, cuando las irregularidades eran públicas desde hace años.
Lo contrario haría de un posible arresto del exgobernador de Veracruz un mero acto propagandístico y dejaría impunes a todo un grupo político que usó al gobierno del estado para su beneficio.
