Éste es otro más de esos textos en los que una historia personal me obliga a revisar políticas públicas y pendientes legislativos y, a partir de ahí, contarles a ustedes y pedirles que se sumen a un reclamo.
Adelanto que aceptaría que algún lector me reclame “mi descubrimiento” o me lance un “el clasemediero revela que…” Ni que fuera nuevo. Ni que no supiéramos (yo mismo puedo decir que ya sabía).
Pero hoy me queda todavía más claro que no se trata de saberlo nada más. Se trata de asumir que es un tema urgente y que se necesita de todos para cambiarlo.
Resumo mi experiencia en dos líneas: nuestra trabajadora doméstica cumple 71 años, tiene algunos problemas de salud y ya debe jubilarse. ¿Qué hacer frente a esto?
Evidentemente, el tema no se resume a “mi caso”. Lo que pretendo plantear aquí es que hablamos de más de dos millones de personas (la mayoría son mujeres), que simplemente no existen para la ley, para el gobierno o para sus patrones.
Alguien dirá: ya están en la Ley Federal del Trabajo. Y es cierto. Ahí ya se les menciona y se establecen normas elementales, como la obligación de pagarles un salario mínimo.
Sin embargo, ni con mucho lo que dice esta Ley resuelve el problema. Apenas se incluyen temas como alimentación y salario, pero nada dice de jubilación, salud, seguridad social…
Además, todos sabemos que las trabajadoras domésticas se enfrentan a la violación sistemática de sus derechos: trabajan sin horario, sin pago de horas extra y con salarios menores al mínimo, asi que de poco sirve esta Ley.
Tampoco sirve de mucho la Ley del Seguro Social, porque deja a trabajadores y trabajadoras domésticas sujetos a la buena voluntad de los patrones. Los pueden inscribir, pero eso no incluye prestaciones ni derechos laborales.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación, que realiza Conapred, dice que nueve de cada 10 trabajadoras domésticas no tienen contrato. Por supuesto, no hay vacaciones, ni posibilidad de estudiar ni atención médica y mucho menos seguridad social.
Casi el 97 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud.
La invisibilidad de este problema ha llevado al extremo de que los legisladores han aprobado reformas legales que abiertamente discriminan a los trabajadores domésticos, porque han puesto -así, con todas sus letras- que los empleadores de estos trabajadores no tienen las mismas obligaciones de cualquier otro empleador. Y no pasó nada.
Eso sí, han puesto en la ley que estos trabajadores tienen la obligación de guardar al patrón y su familia “consideración y respeto”.
Insisto: más allá de la anécdota sobre mi caso, lo cierto es que tenemos todos la obligación de impulsar un cambio legal.
Dice Ricardo Bucio, presidente de Conapred, que requerimos también “un cambio en la cultura social (que en buena medida detiene con mucha fuerza el cambio legal)”. Lo que hoy se vive, añade, es “discriminación legal, institucional y cultural, que sostiene y reproduce para la sociedad, desde el interior de cada hogar, el clasismo, el racismo, el machismo, la minusvaloración del trabajo doméstico, y normaliza la informalidad laboral.”. Es cierto.
La demanda, además, es muy concreta: que México ratifique (y aplique) el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se establecen las condiciones mínimas de trabajo y las obligaciones para el empleador y para el gobierno.
Así de simple.
Ya ocurrió en muchos países, como Brasil, Uruguay, Argentina, Costa Rica. ¿Por qué no en México?
En mi caso, reconozco, esta experiencia sirvió para dejarme en claro que el tema es grave y urgente. Que no podemos, insisto, demandar menos que la ratificación y aplicación del Convenio, como paso 1. Ya hay muchos trabajando en este sentido. Nos toca a todos sumarnos.
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(DANIEL MORENO)
