Se ha debatido con intensidad sobre responsabilidades y consecuencias en Iguala. La semana pasada escuché a Daniel Feierstein, uno de los académicos con más experiencia y reconocimiento en estudios de genocidio, refutar argumentos (María Amparo Casar, María Marbán, Ciro Gómez), acerca de que no se trata de un crimen de Estado.
El concepto de genocidio –dice Feierstein– da cuenta de procesos sistemáticos de destrucción de un grupo (y no el crimen de Estado, que en apariencia confunde Casar). ¿Qué ocurre con crímenes donde no existe esa sistematicidad? El concepto más rico es el de crimen de Estado, en el que resalta una cuestión ausente en crímenes de lesa humanidad: quien los comete está involucrado en el aparato estatal.
Tlatlaya y Ayotzinapa son crímenes y son crímenes cometidos por el aparato estatal: militares y policías municipales. Si no es responsable, entonces el aparato estatal interviene para investigar y hacer justicia. Si es el aparato estatal, debe intervenir otra instancia. El derecho internacional.
En Tlatlaya y Ayotzinapa –advierte Feierstein– El Estado no puede investigar lo que el Estado hace. Porque el Estado, en lugar de utilizarse para defender a los ciudadanos, se utilizó contra los ciudadanos. Uno de sus principales focos de investigación ha sido la cadena de responsabilidades en un crimen, un asunto muy debatido en Argentina –Ley de Obediencia Debida– y pendiente en Tlatlaya y Ayotzinapa.
La obediencia no es eximente en crímenes de estado, pensando en el caso mexicano, dice Feierstein. La responsabilidad es de quien tiene incidencia en el hecho, pero además de quien tiene capacidad de intervención y protección. Todos los que participaron en un momento dado, son corresponsables.
¿Por qué es importante la opinión de Feierstein? Por que a las marchas de protesta tienen que seguir propuestas de la sociedad para redefinir las eternamente difusas responsabilidades del Estado –Tlatelolco 68, junio 71, Aguas Blancas 95, Acteal 97, El Charco 98, Tlatlaya y Ayotzinapa 2014–. Será importante no quedarnos en las calle sino construir e impulsar propuestas.
Tlatlaya y Ayotzinapa pueden ser el eje del cambio. La pauta que guíe a los ciudadanos a construir un nuevo modelo de país.
