¿Cuándo dejó de importarle a este gobierno la opinión pública?
Todavía recuerdo la campaña electoral. Suena a tiempos lejanos, aunque apenas han pasado poco menos de tres años, porque en ese entonces –seguro ustedes también se acuerdan- una de las críticas que se le hacían a Enrique Peña Nieto era, precisamente, que podía modificarlo todo, si eso le significaba quedar bien, ganar votos, opiniones positivas…
¿No se decía –y creo que había suficientes pruebas de que así ocurrían las cosas- que era un candidato “diseñado” por especialistas en opinión pública y “construido” a golpe de spots?
Incluso, sus defensores decían entonces que esa era una de sus virtudes, porque estaba alejado del viejo autoritarismo priista, de los dogmas ideológicos de aquello que se conoció como la “Revolución Mexicana”. Era el nuevo PRI.
No queda nada de eso.
Hoy lo que vemos es una Presidencia que recibe el golpe de cada encuesta sobre la gestión gubernamental sin siquiera pestañar, como si se supiera derrotado de antemano. El periódico Reforma, por ejemplo, confirma que ha habido un caída constante en los índices de aprobación. El dato asusta: en dos años, el porcentaje de ciudadanos que reprueba a Peña Nieto se duplicó y menos de 20 por ciento cree que algo se está haciendo bien en el combate a la corrupción.
Y el resto de las encuestas dice lo mismo.
Nos pasamos diciembre y enero leyendo columnas que decían “ya viene un golpe de timón”, habrá “cambios profundos en el gabinete”. No pasó nada. Sólo salió el procurador Jesús Murillo Karam, pero sin que lo acompañara una redefinición en la política pública sobre el tema.
La Presidencia considera olvidado el tema de la casa blanca y el conflicto de interés, y el secretario de Hacienda apenas reacciona ante las notas sobre la venta irregular de su casa en Malinalco.
En ese contexto se inscribe el caso de David Korenfeld, director de Conagua, a quien un vecino pescó usando un helicóptero oficial para irse de vacaciones. Ya pasó una semana y el funcionario sigue en su cargo. Y no está de más subrayar que no hay disculpa posible, que el uso ilegal de recursos públicos está plenamente probado.
¿Cuál es la estrategia? ¿Que lo “despida” la Secretaría de la Función Pública y así se legitime a esta dependencia? ¿Que salga de su cargo cuando en Los Pinos crean que les dará dividendos políticos?
Cualquiera que sea, creo que está lejos de ser útil y el cálculo está equivocado.
Y creo, en realidad, que la única lectura posible es que se solapa la corrupción en esta Presidencia, se normaliza el dispendio, porque asumen que es inherente a la función pública y porque saben que no tienen autoridad moral para exigirle cuentas a sus propios funcionarios. La propia Secretaría de la Función Pública ya dijo que no es un tema “grave”.
El caso Korenfeld deja en claro un elemento adicional: ya ni siquiera les importa el qué dirán. La opinión pública se volvió irrelevante.
Supongo que, mientras las encuestas marquen que el PRI va en primer lugar, creerán que nada importa y no serán capaces de ver la profundidad del daño.
(Daniel Moreno)
