Pasan los días y seguimos sin saber dónde están ni qué sucedió exactamente con 43 estudiantes que la noche del 26 de septiembre fueron atacados por fuerzas oficiales en Iguala, Guerrero.
Comentaba esta zozobra hace unos días con doña María Herrera, una costurera de Michoacán que lleva más de medio decenio buscando hijos: dos desaparecidos justo en Guerrero en 2008, y otros dos, un par de años después, en Veracruz. ¿La desaparición forzada y masiva de personas es algo nuevo en México? No. El caso de doña María Herrera, quien busca a cuatro hijos desaparecidos, es uno de miles que existen en el país y que habían quedado ocultos de manera deliberada y perversa por el discurso triunfalista del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Es cierto que el caso de doña María Herrera, como la mayoría de las desapariciones contadas al día de hoy, ocurrieron en el sexenio anterior. También es cierto que en sus dos años de arranque, el actual gobierno tuvo la oportunidad de mandar un mensaje importante buscando y encontrando a personas desaparecidas, así como también capturando a los responsables y procesando a los altos funcionarios que por omisión o complicidad se involucraron en este fenómeno criminal que se desató durante el mandato de Felipe Calderón.
Pero en lugar de eso, el gobierno de Peña Nieto decidió administrar políticamente la problemática, creando estructuras paralelas e inútiles, tanto en la secretaría de Gobernación como en la Procuraduría General de la República, que es a la que, según la ley, le toca actuar al respecto. Otra de las cosas que prefirió hacer esta administración federal, en su afán desmedido por crear “una nueva imagen de México”, fue menospreciar la situación rasurando las listas de casos, al grado de que al día de hoy no existe un registro nacional confiable de personas desaparecidas.
Al administrar políticamente el grave problema de las desapariciones forzadas que sufre Mexico, al no hacer nada, el mensaje que mandó este gobierno federal fue el de que se podía continuar desapareciendo personas sin que hubiera consecuencias de ningún tipo. Esa atmósfera de impunidad permitida por las instancias judiciales es una de las varias razones que explica la abominable realidad que se vivió en Iguala, Guerrero contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. ¿Qué implicaba desaparecer a una persona? Hasta el 26 de septiembre parece que casi nada.
En su afán de “mover a Mexico”, el actual gobierno federal encubrió de manera criminal la realidad de miles de personas desaparecidas que han documentado y denunciado organizaciones como el Movimiento por la Paz, Cadhac, Funden, Fundec y libros como Ni vivos ni muertos de Federico Mastrogiovanni o trabajos de la Red de Periodistas de a Pie. Hoy el engaño ha quedado al descubierto en Iguala.
Por eso el Procurador Jesús Murillo Karam también es responsable de la desaparición masiva de los estudiantes de Ayotzinapa. Porque en dos años en el cargo no hizo nada significativo para combatir una grave situación de la que estaba enterado. Si Ángel Aguirre no tiene nada qué hacer como Gobernador tampoco el Procurador. Una tragedia como la de Iguala exige que ahora sí haya funcionarios comprometidos, no administradores políticos de la injusticia y el dolor.
La fractura social que tiene México es enorme y no sanará con spots triunfalistas. Una de tantas cosas que hace falta es que la PGR se ponga a buscar cuanto antes, con una estrategia seria, a los estudiantes normalistas y a las miles de personas que hoy se encuentran perdidas en el limbo de la injusticia mexicana.
(DIEGO ENRIQUE OSORNO / www.diegoeosorno.com)
