Gonzalo Martínez Corbalá, un político culto y brillante con modales y credenciales diplomáticas, anunció hace 23 años lo que parecía una absurda abyección en una trayectoria política libre de escándalos: intentaría reelegirse como gobernador de San Luis Potosí.
Embajador mexicano en Chile en el golpe de Pinochet, había recibido la gubernatura como obsequio de un alumno, el presidente Carlos Salinas, a consecuencia de uno de los más oscuros usos políticos del salinato: las concertacesiones, que consistían en corregir un fraude electoral forzando la renuncia del beneficiario y nombrando a un tercero.
Fausto Zapata había ganado la elección al doctor Salvador Nava, quien denunció con ferocidad un fraude priista. Salinas, brillantemente siniestro, obligó a renunciar a Zapata y nombró a un imaculado Martínez Corbalá, quien con un año en el cargo anunció su intención de reelegirse.
El intento de su mentor por modificar la Constitución se interpretó como un truculento experimento de Salinas para medir la percepción ciudadana sobre un acto prohibido por la ley, y calcular las posibilidades de sus propias tentaciones reeleccionistas.
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La semana pasada, Omar Fayad, un senador de media tabla, no reconocible como un legislador de abundantes y grandes propuestas, presentó una iniciativa que pretende criminalizar el uso de una computadora, tecnologías y el internet.
Entre otras ideas vanguardistas, este político que aspira a ser gobernador de Hidalgo propuso obligar a las empresas de telecomunicaciones a guardar los registros de internet de todos los usuarios; penalizar el acoso, hostigamiento o agresión a usuarios de internet, y calificar de ciberterrorismo la difusión de información con el fin de causar pánico o alterar la paz pública.
Ciudadanos y organizaciones recibieron la iniciativa como un atentado contra la libertad de expresión y un intento por castigar con cárcel a quienes escriban tuits o compartan posts de Facebook, y a partir de la ley se interprete que acosan, hostigan o agreden al Presidente de la República, diputados, senadores y servidores públicos.
Fayad, tres veces legislador, dio a entender que se trata de confusiones en la escritura del documento, que no tendría inconveniente en quemar su propuesta, y que incluso la abriría a la sociedad (un ejercicio que en todas las iniciativas debe ocurrir de manera natural).
¿El espíritu censor de la iniciativa es producto de una confusión? ¿En verdad Fayad y los autores de la iniciativa no se dieron cuenta de las libertades que atropellaría la ambigüedad de su propuesta?
Si se trata de confesar creencias, esto es lo que pienso: Fayad es el Martínez Corbalá del presidente Peña, y su iniciativa un sondeo mal disfrazado del gobierno para medir hasta dónde puede avanzar en la tentación de extender con métodos represivos la censura y el control presente en la mayoría de los medios, a las redes sociales.
