Cuando la policía de un alcalde perredista entregó a un grupo de jóvenes al crimen organizado, el escándalo fue nacional. Las presiones fueron contra el presidente municipal, el gobernador que sabía de la inseguridad en el municipio y que tuvo que pedir licencia, y por supuesto, contra su partido: el PRD.
Sin embargo, ahora que la policía estatal de un gobernador priista entregó a cinco muchachos a los narcos, el tratamiento informativo y político ha sido muy distinto. ¿Por qué?
Porque en buena parte de la prensa mexicana al PRI no se le toca.
Sólo así se pueden explicar las coberturas tan distintas entre el caso de los desaparecidos en Iguala y los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz. Porque en el fondo, ambas historias se tratan de lo mismo: la negligencia de los gobernadores, la complicidad de las policías con el crimen, y la presencia de grupos del narco que hacen y deshacen a voluntad.
Lo notable es que, pese a las evidencias, los encuadres son muy distintos. Y no se trata de un caso aislado.
Ahí está, por ejemplo, la presión al PAN para que pida perdón por la diputada local de Sinaloa que visitó a Joaquín Guzmán mientras estaba recluido en el Altiplano. El reclamo ha sido fuerte. Diarios como Milenio o Excélsior le han dedicado notas de portada y han demandado a la dirigencia nacional, que encabeza Ricardo Anaya, que asuma los costos de haber aceptado en su bancada a la controvertida legisladora local.
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Bien que los partidos se hagan responsables de lo que hacen sus militantes. Lo extraño es que no he visto una nota similar que le reclame al PRI por haber llevado al poder a Javier Duarte, en cuyo gobierno han aumentado 5,000% las desapariciones de mujeres; o por Humberto Moreira, quien con papeles falsos aumentó la deuda de los coahuilenses; o por Rodrigo Medina, el exgobernador de Nuevo León que permitió negocios millonarios de sus amigos; o por Roberto Borge, conocido en Quintana Roo por reprimir la crítica de los medios, o por…
Es decir, que mientras las dirigencias de algunos partidos sí son castigadas mediáticamente por los escándalos de sus integrantes, otros son enfocados como si fueran casos aislados, manzanas podridas que no tienen nada que ver con la institución que los llevó al poder.
El tema merece atención porque si bien cada medio tiene derecho a decidir sus temas y enfoques, cuando se trata de un hecho generalizado debe preocuparnos. Porque una cosa es el respeto a la línea editorial y la otra es un entorno mediático sesgado, que deforma la cancha de la disputa política en favor de unos y en demérito de otros.
Que no se nos olvide que la democracia pasa por muchos caminos, pero sin duda una condición indispensable es un sistema de medios de comunicación en el que todos los actores sean juzgados con la misma vara, sin actores protegidos, sin partidos inmaculados.
