La policía aún no ha podido encontrar a los tres policías del DF que usaron cinco autos el 20 de septiembre que secuestraron al colombiano Jairo Guzmán Vázquez a plena luz del día en la Narvarte. ¿Esos y cuántos más andarán sueltos? Nadie lo sabe. No hay estadísticas que pudieran revelarlo. ¿Pero qué sucede adentro de las cárceles? Que dos de cada 10 policías presos están relacionados con ese mismo delito. Pero también hay mujeres cocineras, mensajeros, cobradores de rescate y vigilantes recluidos que servían a los policías antes y durante el cautiverio de sus víctimas.
“No hay duda, la policía controla y administra el secuestro en la ciudad de México”, me dijo Gustavo Fondevila, especialista en Administración de Justicia y Seguridad Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) basado en una encuesta que concluye que no hay persecución determinante contra esas bandas.
Se puede decir entonces que gracias a algunos denigrantes jefes de las corporaciones de seguridad y justicia, el DF tiene el deshonroso primer lugar en privación ilegal de la libertad. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de 1997 a julio de 2013 el número de secuestros llegó aquí a mil 670 casos denunciados. Le sigue el Estado de México con mil 357; Michoacán con mil 121 y Guerrero con 689.
Fondevila, quien goza del respeto de los especialistas del país en justicia y seguridad, dice que en los últimos 12 años la proporción de secuestros al año se mantiene. Lo que hace suponer entonces que ese dato corrobora que el delito se ha convertido en un monopolio, al ser negocio exclusivo de policías.
Y de esto no he escuchado decir nada a ningún funcionario, empezando por el jefe de Gobierno de la ciudad de México, ni al Secretario de Seguridad Pública y ni al Procurador de Justicia. Tampoco a los diputados ni nadie que cobre del erario público. En cambio, los informes de gobierno están llenos de cifras alegres. Por ejemplo, que la policía realiza tres millones de patrullajes al año. Eso de qué sirve.
Por si fuera poco, los partidos políticos nos han secuestrado a hombres o mujeres “libres” que han sufrido la pena de ser tocados por esas bandas criminales como la señora María Isabel Miranda de Wallace, quien después del secuestro y muerte de su hijo levantó un movimiento para poner fin a ese tipo de delitos. Wallace que junto con otro grupo de familiares víctimas hicieron las movilizaciones ciudadanas más numerosas del país, pero tarde que temprano sucumbió a la tentación del poder. Cedió ante los cantos de la sirena al aceptar ser postulada como candidata ciudadana por el Partido Acción Nacional a la jefatura del gobierno de la ciudad de México.
Varias veces dijo que jamás buscaría un puesto de gobierno. El PAN la había buscado desde 2009 para una diputación, pero tres años después aceptó ser candidata al gobierno de la ciudad de México y pidió un lugar para su sobrino en la Asamblea Legislativa. Ahora, aunque hace esfuerzos, no le ha sido posible recuperar la autoridad civil que le dio su valiente acto de investigar por su cuenta hasta descubrir a la verdadera banda que dio muerte a su hijo.
De María Elena Morera, promotora de México Unido contra la Delincuencia, organismo que busca poner alto a los secuestros después de que a su esposo lo privaron de la libertad y le cortaron los dedos de una mano para exigir su rescate, no voy a hablar después de que, como presidenta de Causa en Común que lucha por la rendición de cuentas, premió al gobierno de Coahuila en materia de transparencia.
¿Quién nos defenderá de los secuestros? ¿Hasta cuándo una autoridad pondrá la verdadera radiografía de esos delitos sobre la mesa sin miedo a nada? ¿Cuándo llegará el día en que la policía limpie la casa? ¿Cuándo estarán los malos policías en la cárcel en vez de representar los altos puestos de las corporaciones?
(ALEJANDRO SÁNCHEZ / @alexsanchezmx)
