El caso del avión mexicano derribado-bajado y, por si fuera poco, quemado en Venezuela es un gran resumen de lo que significa enfrentar a un gobierno que desdeña la transparencia: no sabemos por qué lo bajó ni qué encontraron dentro ni dónde están los tripulantes.
Según el presidente Nicolás Maduro, tenemos que conformarnos con su dicho de que iba “al full de cocaína”. Con su palabra es suficiente.
¿A poco no es suficiente el dicho, viniendo de un mandatario al que le da por escuchar pajaritos mágicos y dormir en mausoleos?
Sin embargo, no deja de llamarme la atención que la clase política mexicana esté escandalizada por esa falta de transparencia: cómo puede guiarse así un gobierno y suponer que tenemos que creerle sólo por ser gobierno, han dicho funcionarios y legisladores de todos colores.
Evidentemente, como país tenemos que exigir una explicación clara y todas las pruebas posibles por parte del gobierno venezolano. Y también es claro que Nicolás Maduro es un ejemplo extremo casi en cualquier tema.
Pero también, seamos francos, no deja de ser curioso que sean los políticos mexicanos los que se escandalizan.
Hágase la voluntad del señor… en los bueyes de mi compadre.
Porque es esta misma clase política la que ha frenado, casi un año, la aprobación de una ley de transparencia, que obligue a gobiernos estatales y amplíe la apertura informativa a la que está obligada el gobierno federal.
Son ellos mismos, en el Congreso, los opacos que no responden solicitudes de información sobre los contratos que tienen firmados (y han gastado más de mil millones).
Es más, dificultan el acceso hasta a la lista de votaciones en las comisiones. Animal Político y Visión Legislativa ha pedido esta información, que es obligatoria por ley, y no hemos obtenido respuesta.
El gobierno federal anda en las mismas. Y algunas de sus respuestas cuando se solicita información, lo confieso, a mi me dan risa.
Chequen este dato: el 2 de septiembre, en un mensaje con motivo de su primer Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto presumió que, “de los 122 presuntos delincuentes más buscados, el gobierno de la República ha logrado que 65 no sean una amenaza para la población”.
¿Qué significa que “no sean una amenaza”? ¿Están en la cárcel, muertos, jubilados? Misterio. Porque cuando le preguntamos a la Procuraduría General de la República quiénes son, dónde están y de qué acusan a los 65, la respuesta fue que no nos daría esos datos para no comprometer su lucha contra el crimen organizado. Ah, bueno.
Insistimos: al menos cuéntenos quiénes son esos 122, de dónde sacaron esa lista, con qué criterio la hicieron… y la respuesta fue peor: ¿Cuál lista? (Maduro los envidiaría).
No está de más insistir que Maduro es un caso extremo, pero bien haría el gobierno mexicano en pensar dos veces antes de criticar al venezolano, porque este último año sólo hemos dado pasos para atrás cuando de transparencia se trata. Quizá no falte mucho para leer una respuesta al estilo estaba “a full de cocaína” para justificar un operativo.
La transparencia y la rendición de cuentas son, como creo que todos coincidimos, requisitos indispensables para hablar de democracia y como dice Maricarmen Nava, directora de Visión Legislativa, la transparencia es como la honestidad: se es o no se es. No vale el “un poquito embarazado”.
Y este gobierno no puede ocultar la panza, que crece y crece.
(DANIEL MORENO CHÁVEZ / @dmorenochavez)
