Supongo que el caso me tiene impactado por una razón fácil de entender: tengo hijas en la escuela y apenas imagino lo que yo habría hecho si me hubiera ocurrido. Quiero creer que no hubiera reaccionado igual, pero no lo sé.
Hablo del caso de Diego, un niño de 10 años expulsado de una escuela hace 10 días, porque una “turba” de padres de familia (así lo definió la SEP) hizo una manifestación para impedir que entrara a clases. La razón, que Diego ha agredido físicamente a sus compañeros sin que “nadie haya hecho nada”.
Los comentarios que he recibido por la nota son casi unánimes: casi todos se ponen del lado de los padres al imaginar lo que padecieron sus hijos.
Sin embargo, confieso de entrada que me asusta nuestra incapacidad como sociedad de entender al otro, al victimario-víctima, que a los 10 años se enfrenta a esto. ¿No merece un segundo de atención?
Detallados los hechos por los denunciantes, lo primero que queda claro es que no es un caso de bullying. Es mucho más grave.
Por eso creo indispensable preguntarnos que han hecho las autoridades: ¿Cómo se pudo llegar hasta allá? Las denuncias llevan al menos dos años. Y la SEP, ciertamente, ha intentado atender el caso, pero torpemente y sin éxito.
¿Qué han hecho?
Primero: Desde hace dos años, Diego “va a pláticas” (cita textual de lo que informa la SEP) en la Clínica de la Conducta, sin que se hayan notado cambios. Una de las objeciones de especialistas es que se le envió con un diagnóstico de “déficit de atención”, lo que es insuficiente para explicar el caso.
Segundo: No hubo una evaluación sobre los avances de Diego ni una explicación al resto de los padres, ni siquiera un trabajo con los directivos de la escuela, lo que motivó que la propia directora fuera acusada por la SEP de participar en la manifestación.
Tercero: Estallado el escándalo, Diego fue enviado a otra escuela. Lo increíble es se informó a los medios cual sería. Obvio, al enterarse los padres de familia de la nueva escuela, hicieron su propio mitin.
Sólo la atención mediática y las manifestaciones lograron que la SEP tomara la decisión de mandar a Diego y a su mamá con especialistas. Además, acordaron detener al menos dos semanas su ingreso a una nueva escuela. ¿Serán capaces de, ahora sí, darle seguimiento?
En resumen, el Estado ha mostrado sus claras deficiencias para resolver el problema. Dicen que tienen dos años encima, pero en nada ha mejorado la situación.
Me aterroriza nuestra respuesta como sociedad, pero preocupa más ver a un Estado rebasado por un caso que requiere atención urgente.
¿Qué hacemos con Diego? ¿Cuántos casos hay? ¿El Estado sólo puede responder mal y a medias? Hoy, sólo por el escándalo, le ha dedicado unos minutos más que a otros. Pero eso de poco sirve.
(DANIEL MORENO / @dmorenochavez)
