En marzo de 2011, una caravana de Los Zetas entró al pueblo de Allende, Coahuila para arrasar- contando con complicidad de la policía local y omisión de las autoridades federales- con trabajadores, amigos y familiares de tres antiguos socios que huyeron a Estados Unidos con dinero del tráfico de cocaína y se convirtieron en colaboradores de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA). Hasta principios de 2014, poco se había documentado esta masacre en la que se calculan alrededor de 300 personas desaparecidas, varias de ellas incineradas clandestinamente en ranchos de los alrededores, de acuerdo con investigaciones oficiales reseñadas en El manantial masacrado (https://www.vice.com/es_mx/read/el-manantial-masacrado).
Una muestra de ello es lo que sucedió en las masacres de San Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León, donde murieron por lo menos 293 personas, sin que hasta la fecha haya quedado claro qué fue lo sucedió. Ante este escenario de impunidad, la Fundación para la Justicia y Artículo 19 lanzaron en otoño una campaña de petición para que la PGR, como un ejercicio necesario de rendición de cuentas, haga una versión pública de su investigación, si es que ha hecho alguna.
Otro de esos casos es el de Allende, el pueblo de Coahuila que promete ser transformado por la bonanza energética que supuestamente se avecina en el noreste de México.
En los días recientes, dos de los periódicos más prestigiosos de Coahuila han publicado en sus páginas notas que plantean la inevitable y dolorosa comparación entre los sucesos de Iguala y Allende. “Allende, Coahuila, peor que Ayotzinapa”, dice un titular del diario Vanguardia que, citando al investigador de la Universidad de Coahuila, Carlos Manuel Valdés, plantea que aunque la masacre de Allende no tiene nombre, “es mucho peor que lo que pasó en Ayotzinapa y nadie ha dicho una palabra y no hay una rebelión en Coahuila, ni siquiera una posibilidad”. Por su parte, El Siglo de Torreón, bajo el titular “Matanza de Allende, peor que Guerrero”, difunde las declaraciones de la senadora Silvia Garza Galván, quien asegura que “la matanza de Allende no se trata con la prudencia y la delicadeza que requiere, tampoco las fosas de Arteaga localizadas en 2012, lo que pone a Coahuila en una situación más crítica que la que ocurre en Guerrero, donde desaparecieron a un grupo de estudiantes normalistas”.
Resulta un ejercicio estrujante y es difícil establecer si una masacre es peor que otra. Sin embargo, la actual crisis de derechos humanos que padece México nos ha llevado a esta situación en la que algunos de sus pueblos disputan entre sí el primer o segundo lugar en un ranking de terror e impunidad al que no debemos acostumbrarnos.
(DIEGO ENRIQUE OSORNO / www.diegoeosorno.com)
